De la retórica a las acciones suele haber una enorme grieta, especialmente cuando hay políticos involucrados en los grandilocuentes discur­sos a favor de la justicia. En el caso de Mario Abdo Bení­tez y sus exministros, acusa­dos estos por la filtración de documentos en el caso Sepre­lad, nada está más lejos de la realidad, porque no hay cohe­rencia entre lo que se afirma y lo que se hace; los hechos no reflejan la verdad.

La verdad o la intención de buscarla estuvo ausente durante todo un año, desde el 11 de marzo del 2024, cuando la Fiscalía formuló una impu­tación contra los exministros y exfuncionarios del gobierno anterior involucrados en esta verdadera conspiración, en la que el aparato estatal fue utilizado para persecución política.

Reconocidos abogados del foro, que con legítima atri­bución representan a sus defendidos, se pasaron bom­bardeando el proceso presen­tando innumerables chica­nas contra los fiscales, contra la jueza, contra el tribunal de alzada y hasta contra el fis­cal general del Estado. Las acciones de estos abogados, que sin ninguna duda actúan con mala fe, solo sirvió para paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y bus­car mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

En ningún momento, los abo­gados Enrique Kronawet­ter, Carlos Trapani, Cecilia Pérez, Osvaldo Granada, Felino Amarilla y Emilio Fúster se refirieron a la cues­tión esencial: los 206 elemen­tos probatorios que el Minis­terio Público presentó en la acusación del pasado 11 de marzo del 2025. Al contra­rio, volvieron a presentar más chicanas, la semana pasada contra la jueza penal de Garantías, Cinthia Lovera, quien –por fin– debía aten­der los incidentes que hace un año se plantearon ante su despacho. Pero el viernes último, de nuevo estos defen­sores presentaron nuevas chicanas.

Siguiendo esta misma línea dilatoria, otro que tampoco pretende echar luz sobre el proceso fiscal es el expresi­dente Abdo Benítez, quien el fin de semana aseguró que no acudirá a la convocato­ria hecha por la Comisión de Asuntos Constituciona­les del Senado para exponer argumentos sobre el desa­fuero que solicita la justi­cia (tanto suyo como de su escudero, el diputado Mau­ricio Espínola). Propaló en mensajes en redes sociales que estaba dispuesto a que le retiren su inmunidad y que solicitaría a la Cámara Alta que así proceda. Sin embargo, ahora dice que no irá a este llamado y exhorta a que tomen “su cabeza” y dejar en paz a sus exfuncionarios, como si eso le restara res­ponsabilidad a Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como fil­tración de información falsa de Seprelad.

Si bien su inasistencia no posee una acción vinculante con el desafuero (los senado­res pueden votar cuando lo consideren aunque con una mayoría calificada), si habla a las claras de que el exman­datario busca sembrar dudas e instalar la farsa de que toda la investigación del Minis­terio Público estuvo mon­tada, pretendiendo de esta forma sabotear y obstruir la labor de la justicia y alcanzar impunidad.