Las empresas cotizantes con las que la adminis­tración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confeccionó los pre­cios referenciales para la adquisición de 10.500 mue­bles escolares chinos, reco­nocieron haber presentado erróneamente sus presu­puestos. Esta situación desborda el falso montaje impulsado por el dirigente opositor contra Itaipú.

Esto, según la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) n.º 874/25 de fecha 27 de marzo. La DNCP había iniciado una investigación de oficio por inconsistencias en los documentos y datos proporcionados sobre los precios referenciales, cuyo resultado confirmó “la exis­tencia de irregularidad”.

De acuerdo al documento, hubo irregularidad “desde la solicitud de precios de potenciales oferentes y la falta de fundamentación en la combinación de fuentes para el establecimiento de los precios de referencia, lo que induce y vicia el presente procedimiento de contrata­ción desde su planificación”.

Por tanto, la DNCP sostiene que corresponde anular el procedimiento de contrata­ción y ordena la reformula­ción de los precios de refe­rencia del llamado. “Esta Dirección Nacional constata la existencia de una irregu­laridad sustancial que vicia el procedimiento de contra­tación desde su fase de pla­nificación, al comprometer la legalidad, transparencia, objetividad y eficiencia del proceso”, indica el docu­mento.

La resolución de la institu­ción agrega que “en conse­cuencia, corresponde anu­lar sin perjuicio a que pueda ser subsanado. Por tanto, se ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado con lD N 460394 “Adquisición de Mobilia­rios”. La presente investi­gación de oficio se da por concluida en los términos expuestos, sin perjuicio de que, en caso de surgir nuevos elementos relevantes, esta dirección nacional actúe dentro del ámbito de su com­petencia”.

Las firmas que desnudaron las falacias del intendente Prieto son Fiorella Muebles, de Alfredo Aniano Gonzá­lez; Intelfly SA, de Nimio Villalba Gauto, el Grupo L&J de Marcos Antonio López, así como la Distribuidora Paula de Gerardo Rolando Arévalos. Esto, en el marco de la investigación de oficio de la DNCP, encabezada por Agustín Encina.

En la resolución emitida por la DNCP se detalla que las empresas Fiorella Mue­bles e Intelfly SA manifesta­ron haber recibido un docu­mento en blanco en lugar de las especificaciones técni­cas requeridas, motivo por el cual formularon consul­tas a la municipalidad esteña sin obtener respuesta alguna. Agrega que ante la falta de información oficial, ambas firmas mencionan que basa­ron sus presupuestos en las especificaciones técnicas estándar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Mientras que la Distribui­dora Paula indicó a la DNCP haber recibido las especifi­caciones técnicas por parte de la convocante, aunque no consta en la documentación que permita verificar el con­tenido recibido. Asimismo, la propia firma reconoció que su cotización fue rea­lizada con base en precios referenciales disponibles en la plataforma Alibaba.

“Esto evidencia la debilidad técnica y la falta de riguro­sidad del procedimiento seguido por la convocante, considerando que tales pla­taformas electrónicas de comercio internacional no ofrecen parámetros con­fiables para establecer pre­cios de referencia válidos en el contexto de la contrata­ción pública, ya que no refle­jan condiciones reales del mercado local, ni garanti­zan especificaciones técni­cas verificables, términos de entrega aplicables, ni tributos o costos logísticos aso­ciados”, expresa la DNCP.

En el caso de la firma Grupo L&J, la institución refiere que se constató que la convocante le remitió un detalle de especificacio­nes técnicas distintas a las establecidas en las bases del procedimiento, solici­tando cotización con base en requerimientos que no coinciden con los publicados oficialmente, lo que refuerza el trato desigual otorgado entre oferentes y la falta de uniformidad en la informa­ción transmitida.

“En consecuencia, los pre­supuestos utilizados para la elaboración del precio de referencia fueron cons­truidos sobre parámetros diversos, erróneos o genéri­cos, ajenos a las especifica­ciones técnicas finalmente a probadas por la Munici­palidad de Ciudad del Este. Esta situación genera una distorsión sustancial en la conformación del precio de referencia, viciando la etapa de planificación del procedi­miento y contraviniendo el principio de transparencia y de igualdad de condicio­nes entre potenciales ofe­rentes”, sentencia la DNCP.

Prieto apuntó a instalar sospechas de supuesto tráfico de influen­cias en el proceso de adjudicación que impulsó la Entidad Bina­cional Itaipú para la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa local Kamamya SA, que ya están siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.

La campaña de desprestigio contra la Itaipú, sin fundamentos ni argumentos sólidos, es impulsada por el líder del movimiento Yo Creo con el apoyo de medios de comunicación aliados, legislado­res opositores y disidentes colorados.