La jueza penal de Garantías Lici Sánchez hizo lugar a la desestimación de la denuncia solicitada por el Ministerio Público sobre los integrantes del avión de la empresa venezolana Emtrasur. La investigación fiscal había iniciado tras la denuncia del exministro Anticorrupción, René Fernández, que buscó a toda costa maniobrar para que el negocio legal realizados por Tabesa con firmas de otros países sea objeto de sospecha. El pedido para desestimar la denuncia fue hecho por los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce.

La resolución de la mencionada magistrada refiere que “los países involucrados confirman que la operación del vuelo se realizó con la debida autorización y cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y no se encontraron indicios de que la tripulación tuviera conocimiento o participación en actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo o su financiamiento”.

Asimismo, Sánchez sostuvo que durante la pesquisa se ha ratificado que la responsable de la empresa Tabacal Free Zone NV está registrada en la Cámara de Comercio y de Industria de Aruba, obviando informaciones y datos personales de la titular, pero que se encuentran debidamente individualizada en la documentación de referencia.

De mismo modo, la magistrada sostuvo que los documentos enviados por las autoridades de nuestro país a Argentina y Aruba no han revelado ninguna evidencia que permita determinar que la tripulación de la aeronave con matrícula venezolana YV3531 incurrió en conductas tipificadas en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay, previstos en la Ley n.° 4024/2010 y su modificatoria la Ley n.° 6408/19 indica la resolución judicial.

También en la presente resolución judicial se mencionó que las autorizaciones para operar en los aeropuertos de destino estaban en orden, y la documentación de la mercadería transportada cumplía con los requisitos legales aplicables tanto a nivel nacional como internacional.

Igualmente las documentaciones agregadas en la carpeta fiscal y que fue enviada por las autoridades aeronáuticas y aduaneras de los países involucrados confirma que la operación del vuelo se realizó con la debida autorización y cumplimiento de los procedimientos legales establecidos y no se encontraron indicios de que la tripulación tuviera conocimiento o participación en actividades ilícitas relacionadas con el terrorismo o su financiamiento. Además, no existen registros de búsqueda o captura vigentes contra los miembros de la tripulación en los países involucrados, lo que descarta cualquier sospecha de que estuvieran implicados en actividades delictivas de este tipo.

Los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce solicitaron archivar el caso al no poder acreditarse que el negocio realizado por Tabesa haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo y que, por el contrario, todas las operaciones de venta de la carga de cigarrillo eran lícitas y estabas documentadas.

En junio del año 2022, el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez ordenó e instruyó al ministro anticorrupción René Fernández a pedir que el Ministerio Público inicie una investigación sobre caso avión venezolano-iraní en Paraguay.

Ante está directa orden de Abdo, el ministro Fernández inició el caso recolectando información falsa sobre las operaciones lícitas que realizaron dos firmas, una firma tabacalera (Tabacalera del Este) y empresas de Aruba. Posteriormente entró en acción el funcionario Gustavo Sandoval Lamas, subdirector de Seguridad de la Aviación Civil, quién presentó la denuncia ante el Ministerio Público en el marco de los hechos punibles de Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay; que luego de la presente investigación se descartó por completo tal hecho punible. El propio Sandoval ratificó que no recibió “ninguna alerta ni pedido de informe sobre grupos terroristas en la región.