La Fiscalía al culmi­nar la investigación y al presentar la acusa­ción por los delitos de asocia­ción criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio contra los exminis­tros de Mario Abdo Benítez en el caso filtración de infor­mación de Seprelad describió punto por punto la responsa­bilidad de cada uno de los acu­sados.

En el caso concreto del acu­sado y extitular de la Seprelad Carlos Arregui, la Fiscalía fue contundente al describir que “considerando que en el tipo penal de asociación crimi­nal se castiga desde la forma­ción, podemos concluir que es necesaria la concurrencia como mínimo de tres perso­nas para que podamos hablar de una asociación, la que debe de estar estructurada jerár­quicamente u organizada de algún modo”.

Igualmente, la Fiscalía sos­tiene que en el caso concreto de Carlos Arregui, como ministro Seprelad junto con los otros acusados conforma­ron un grupo compuesto por ministros del gabinete del entonces presidente Mario Abdo Benítez y funciona­rios de la Seprelad, todos con tareas específicas que debían de realizar desde el cargo que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones pena­les en contra del expresidente Horacio Cartes”, indica el escrito.

Desde el puesto que Car­los Arregui ocupó dio acceso a fun­cionarios aje­nos a la institu­ción a su cargo, entre ellos a René Fernández entonces ministro de la Secretaría Nacional Antico­rrupción, Arnaldo Giuzzio ministro del Interior y a Daniel Farías funcionario del Ministerio de Hacienda comisionado al Ministerio del Interior y entregó infor­mación confidencial.

Además, la conducta de Arre­gui consistió en que, en el informe de inteligencia reali­zado por la Seprelad, se intro­dujera información tergiver­sada ya que se afirmaba que la empresa Unicanal SA tenía operaciones sospechosas con la empresa Tabesa SA, aten­diendo a que esta emitió una factura a su nombre, por valor de G 1.555.880.724. En con­creto, en el informe de inteli­gencia se hizo hincapié en que Tabesa SA vendió cigarrillos a Unicanal SA cuando las ope­raciones realizadas fueron en concepto de préstamos.

Así también la contundente acusación sostiene que Arre­gui permitió que Carmen Pereira presente a Daniel Farías, como funcionario de la institución meses antes de que fuera comisionado a cumplir fun­ciones en la Seprelad y de esta forma Farías tuvo acceso a datos confidenciales. Todas estas conductas las realizó en conocimiento y con acuerdo entre los otros miembros del grupo. En virtud a lo citado la conducta de Arregui es típica por lo que el acusado cometió el hecho punible de asocia­ción criminal.

También se describe que sobre el hecho punible de usurpación de funciones públicas Arregui consin­tió que Daniel Farías, fun­cionario del Ministerio de Hacienda y comisionado al Ministerio del Interior, tenga acceso a información reservada para los funciona­rios de la Seprelad, informa­ción que utilizó para redac­tar el archivo en formato Word, con el nombre “AAA_ INFORME_DE INTELI­GENCIA_AAA_MJ” que fuera editado posteriormente por René Fernández, enton­ces ministro secretario de la Secretaría Nacional Anti­corrupción y luego el archivo fue utilizado por Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira. De esta forma personas extrañas a la institución fueron los artífi­ces de un informe que solo puede ser realizado por funciona­rios con cua­lidades espe­ciales de la Seprelad.

En efecto, se concluye que Arregui conocía y quería la realización del hecho (elabo­ración de un informe de inte­ligencia por personas ajenas a la institución) y de acuerdo a la representación que tenía de cómo se debía lograr el resul­tado, ha realizado la conducta de esa manera, por lo que se sustenta la presencia del ele­mento subjetivo “dolo” en su conducta.

Con respecto al hecho punible de denuncia falsa se tiene que en la presente causa se tiene que el informe de inteligen­cia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP” fue remitido a la Fiscalía Gene­ral de Estado por Guillermo Preda con copia a Carlos Arre­gui, a fin de que el Ministerio Público investigue los hechos expuestos en este informe.

Además, este informe tiene una porción fác­tica tergiversada, ya que se afirma que entre el periodo 2017 al 2021, Unicanal SA compró cigarri­llos de la empresa Tabesa por importe de G 1.555.880, ade­más refiere el informe que la operación es sospechosa debido a que las empresas que figuran en el listado, entre ellas Unicanal SA, no se dedican a la venta minorista ni mayorista de cigarrillos. Dicha informa­ción fue tergiversada porque si bien es cierto que Unicanal SA realizó una operación con Tabesa SA por el monto indi­cado, por otro lado no es cierto que la opera­ción fue por la compra de cigarrillos, en rea­lidad la operación consistió en un préstamo de dinero en efectivo. Por consiguiente, Arregui en conjunto con otros funcionarios de la Seprelad incluyeron en el informe de inteligencia n.° 10/2022 infor­maciones corroboradas como falsas, tendientes a iniciar una investigación penal en contra de personas vinculadas a Uni­canal SA y a Tabesa.

Además, Arregui, y Giuzzio permitieron que la prensa local, Abc Color y Última Hora, tuvieran acceso al pedido realizado por la fis­calía panameña. Al hacerse públicas dichas informacio­nes afectó los intereses no solo del señor Horacio Car­tes sino también intereses a nivel nacional, esto debido a la fecha se dieron a conocer las informaciones de la per­sona afectada, pues la filtra­ción de estos datos fue durante el periodo de tiempo en que la República del Paraguay se encontraba siendo evaluada por el Gafilat. Inclusive, estas revelaciones fueron toma­das como un punto negativo entre las observaciones rea­lizadas por el referido orga­nismo internacional.

Por su parte se concluye que Arregui conocía y quería la realización del hecho (filtra­ción de una solicitud de coope­ración por parte de la Fiscalía panameña y difusión a través de medios de comunicación del informe de inteligencia n.º 10/2022) y de acuerdo a la representación que tenía de cómo se debía lograr el resul­tado, ha realizado la conducta de esa manera, por lo que se sustenta la presencia del ele­mento subjetivo “dolo” en su conducta, revela la acusación sobre la participa­ción exclusiva del entonces ministro de la Seprelad Carlos Arregui.

“Arregui permitió que Carmen Pereira presente a Daniel Farías como funcionario de la institución meses antes de que fuera comisionado a cumplir funciones en la Seprelad y de esta forma Farías tuvo acceso a datos confidenciales”, texto de la acusación presentado por la Fiscalía.