Los fiscales Silvia González y Chris­tian Benítez pre­sentaron acusación contra Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Gui­llermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene por los hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Igualmente, los fisca­les pidieron al Juzgado Penal de Garantías que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos que arrimó el Ministerio Público contra cada uno de los acusados.

En relación con el expre­sidente Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola, la acusación no fue presen­tada debido a que ambos cuentan con fueros par­lamentarios.

Abdo Benítez y sus exco­laboradores Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Mauricio Espí­nola, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira están imputados por los supuestos delitos de revelación de secre­tos de servicio, revela­ción de secretos priva­dos por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

La fiscalía fue contun­dente al afirmar que Arregui, Pereira, Preda y Pereira Cohene propor­cionaron el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación ABC Color y Ultima Hora”.

Del mismo modo señala que “en enero del 2022 Arregui, ministro de la Seprelad con Arnaldo Giuzzio ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter con­fidencial realizado por el Ministerio Público de Panamá sobre el expre­sidente Cartes.

Señala igualmente el Ministerio Público que “luego del informe fil­trado a los medios de prensa, Arregui pre­sentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Horacio Cartes.

Los datos confidencia­les obrantes en dicho documento word (AAA_INFORME:DE INTELI­GENCIA_ AAA_MJ” tam­bién fueron utilizados por autoridades nacionales es decir por Mario Abdo Benítez y Mauricio Espí­nola al ser filtrados en redes y discursos políti­cos” revela la acusación.

La acusación fiscal sos­tiene que las conductas de cada uno de los inves­tigados han repercutido no solo en el plano nacio­nal sino que internacio­nal ya que la propia orga­nización encargada de evaluar el cumplimiento de las normas antilavado atribuyo a Seprelad diri­gida por Carlos Arregui la filtración de infor­mes de inteligencia a la prensa.

“El muerto se asusta del degollado”, dijo el abogado Pedro Ovelar, ante el discurso esgrimido por los representantes legales y aliados polí­ticos del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quienes apuntan a exponer al líder del movimiento Fuerza Republicana como víctima de una persecución política en el caso conocido como filtraciones de la Seprelad.

Otra de las estrategias orquestadas por el entorno de Abdo Benítez con medios de comunicación afines se centra en desacreditar al Ministerio Público, calificándolo como un “instrumento que garrotea al ciudadano común”. Agregan que la manipulación de las institucio­nes coloca en riesgo la estabilidad democrática del Paraguay.

“Donde naturalmente se investigan los ilícitos, los hechos punibles, crímenes o los delitos es en el Ministerio Público, que es el órgano que nuestra Constitución Nacional prevé, que tiene la acción penal pública y la obligación de investigar cualquier hecho punible. El muerto se asusta del degollado, ellos utilizaron instituciones que estaban al servicio de un sistema totalmente bien definido como es la Seprelad, la Secretaría Anticorrupción, el Ministerio del Interior y la Senad”, indicó.

La falta de imputación no significa necesariamente que estén exentos de responsabilidad.

El expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola no figuran entre los acusados por la Fiscalía en la causa Seprelad debido a que poseen fueros, lo que les otorga inmunidad ante la Justicia mientras mantie­nen sus respectivas investi­gaciones. Esta situación ha generado cuestionamientos en distintos sectores, espe­cialmente porque ambos fue­ron mencionados en diversas instancias del proceso, pero ni la Cámara de Diputados (para el caso de Espínola) ni el Senado (para Abdo) se expidieron en el transcurso de un año.

Sin embargo, la falta de impu­tación no significa necesa­riamente que estén exen­tos de responsabilidad, ya que, una vez que pierdan los fueros (cuando finalmente se trata en el Congreso), podrán ser investigados y eventualmente procesados si se encuentran elementos suficientes en su contra. La discusión sobre el alcance y la conveniencia de los fueros parlamentarios vuelve a ins­talarse en el debate público, debido a que se presta a demo­ras y aplazamientos para provecho político. Mientras tanto, el proceso judicial avanza sobre los demás impli­cados, sin descartar futuras acciones legales.