Ante la manipula­ción de la informa­ción propalada por los medios abdistas, generado por una supuesta acefalía en la investigación del caso de filtración y falseamiento de informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público aclaró que el proceso no quedó acé­falo, es decir, sin responsa­bles a cargo. Según informa­ron, nuevos fiscales ya habían sido designados para conti­nuar con la investigación, garantizando así la conti­nuidad y el rigor del proceso.

Esta designación busca evi­tar vacíos en la tramitación del caso y asegurar que se mantenga el impulso nece­sario para llegar a una reso­lución justa y transparente. Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra el lavado de activos y la importancia de contar con un equipo especializado para abordar estos delitos de alta complejidad.

Los fiscales César Alberto Sosa y Elva Cáceres Samu­dio, de la Unidad Especiali­zada contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, fueron designados a través de una nota firmada el 4 de marzo pasado. Los mismos remitie­ron una nota al Juzgado Penal de Garantías, a fin de hacer un pedido sobre la causa caratu­lada “Carlos Arregui y otros sobre revelación de secretos de servicios y otros”.

Al respecto, ambos solicitan las vinculaciones para inter­venir y proseguir con las dili­gencias en la citada causa, la cual quedó sin su titular Gui­llermo Sanabria, quien pre­sentó renuncia como agente del Ministerio Público.

Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola están imputados por revela­ción de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

La denuncia fue presentada el 31 de julio de 2023 por Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportuni­dades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de ese mismo año agregando otras filtraciones.

La resolución y la solicitud de vinculación al expediente electrónico indican que se está avanzando en la formali­zación y seguimiento del caso, lo que podría llevar a un juicio más estructurado y transpa­rente. Se espera que los fisca­les Cáceres y Sosa presenten hoy el requerimiento conclu­sorio, o por la acusación for­mal o por el sobreseimiento provisorio.

Desde tempranas horas, medios afines al abdismo promovie­ron un “show mediático” en torno a la causa de la Seprelad. Estos medios (como los diarios Abc Color y Última Hora) habrían coor­dinado una campaña para generar narrativas favorables a sus intereses, cuestionando la continuidad del proceso judicial y sugi­riendo que la causa había quedado acéfala. El diario Abc Color traía en su portada que detrás del caso había fuerte presión para que el fiscal Guillermo Sanabria acusara a los imputados. Inme­diatamente luego, tras la renuncia del agente fiscal a la causa, fue este medio el que raudamente se hizo eco de la información de la dimisión.

Y en la campaña desfilaron en el micrófono y en las declaraciones –de manera casi sincronizada– los cercanos del expresidente Mario Abdo Benítez, así como los abogados de sus excolaboradores imputados. Así, aparecieron Cecilia Pérez, Roberto González, entre otros, para “cuestionar” la renuncia y las suspicacias que generan. Es una táctica bien orquestada para influir en la opinión pública, afirmó un experto. Las autoridades insisten en que el proceso sigue su curso con normalidad, rechazando las especulaciones y lla­mando a centrarse en los hechos probatorios. Este episodio refleja la polarización mediática y su impacto en el debate público.

Las diligencias, actuaciones y el acta de imputación del caso Seprelad tuvieron el aval del Código de Procedimientos Penales, que garantizó rectitud de los actos realizados.

La investigación del Minis­terio Público sobre la escan­dalosa filtración de Sepre­lad, donde están procesados penalmente por 7 delitos el expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez y sus asociados, está correc­tamente avalada por lo que establece en el artículo 282 del Código Procesal Penal (CPP) que refiere sobre el control judicial en las actua­ciones de investigación del Ministerio Público. La Poli­cía Nacional y la Policía Judi­cial lo realizarán siempre bajo control judicial.

Esta normativa a la que se puede acceder sin problema buscando en el CPP pasaron por alto o no quisieron ver los diarios Abc Color y Última Hora, quienes pretenden instalar de forma maliciosa y tendenciosa que la extrac­ción de datos que se realizó en el presente caso haya estado fuera de las normas legales.

La autorización judicial que pidió la Fiscalía en enero del año pasado que hizo posible la extracción de datos de la Seprelad se llevó a cabo bajo estricto control jurisdiccio­nal y respetando las normas establecidas.

No solo cuestionaron la extracción de los datos, sino también los vínculos del fis­cal que inició la causa, Aldo Cantero, con el abogado del denunciante, en este caso Horacio Cartes, sin siquiera hacer alusión a la contunden­cia de las pruebas recabadas por los fiscales Cantero y Gio­vanni Grissetti, que hicieron una investigación sin som­bras y respetando lo señalado en el Código Penal. Busca­ron embarrar el caso con los supuestos chats –que una de las partes niega que sea real– entre uno de los fiscales y el abogado Pedro Ovelar.