Pagos validados en torno al proyecto del metrobús, durante la administración del extitular de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona exponen que la ambiciosa obra de trans­porte público, destinada a pobladores de la capital y del Área Metropolitana, terminó siendo paralizada a conse­cuencia de la política del odio demostrada por el anterior gobierno, encabezado por el mandatario Mario Abdo Benítez y su leal ministro en el MOPC, Arnoldo Wiens.

De acuerdo a la línea del tiempo del proyecto, los procesos administrativos y financieros que permitieron a la obra vial alcanzar una ejecución del 18,5 % durante la gestión de Jiménez Gaona fueron avalados tanto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encar­gado de financiar el proyecto, y el consorcio internacional de empresas fiscalizadoras conformadas por las firmas Typsa, Incosa y Ingeneg.

El metrobús, cuya construc­ción trascendería varias administraciones muni­cipales y cuatro periodos presidenciales teniendo en cuenta su magnitud, fue entregado para su conti­nuidad al gobierno abdista en agosto de 2018, con póli­zas de seguro y contratos vigentes, sin embargo, el proyecto vial fue suspendido apenas dos meses después, en octubre de 2018, y total­mente enterrado en febrero de 2020.

La consecuencia inmediata del revanchismo político oca­sionó que la firma portuguesa Mota Engil, que fue adjudi­cada como encargada de la obra en el año 2016, impulse una demanda ante tribunales internacionales, exigiendo una compensación millona­ria por la suspensión.

La demanda prosperó y el Estado paraguayo fue con­denado en un laudo arbi­tral a pagar alrededor de 19 millones de dólares. No obs­tante, mediante las gestiones encaradas por la Procuradu­ría General de la República, bajo el gobierno de Santiago Peña, el monto fue reducido finalmente a 16 millones de dólares.

De acuerdo a los anteceden­tes, la administración presi­dencial de Abdo Benítez ya había intentado el 24 de octu­bre del año 2018, obstaculi­zar el desarrollo de la obra, cuyo fin principal radicaba en beneficiar a unos 300.000 usuarios del transporte público de forma directa.

En ese entonces, se ordenó la suspensión e interven­ción del proyecto vial, designando al economista Sixto Morínigo como inter­ventor. En junio de 2019, el funcionario técnico del Banco Central del Paraguay (BCP) recomendó la conti­nuación del proyecto, suge­rencia que terminó siendo ninguneada por Abdo Bení­tez y sus colaboradores en el 2020.

Además de este antecedente, el peritaje hecho por el inge­niero Luis Giménez expuso que todas las obras ejecu­tadas, con Jiménez Gaona al frente de Obras Públi­cas, fueron realizadas con­forme a lo pagado, razón por la cual los defensores legales del exfuncionario de Estado mencionan que no existen argumentos suficientes para sostener una imputación por lesión de confianza contra su cliente, a la par de indicar que el perjuicio fue provo­cado en la gestión de Mario Abdo.

Incluso la pericia impulsada por la Fiscalía concluyó que no hubo daño patrimonial durante la administración de Jiménez Gaona, quien el pasado 6 marzo fue sobre­seído provisionalmente durante la audiencia preli­minar. La medida judicial otorga un año a los agentes fiscales del caso para reali­zar una serie de diligencias, debido a que la insuficiente investigación no justificaba la acusación.