El juez Humberto Otazú otorgó el sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, acusado por lesión de confianza, tras la rectificación de los fiscales de la causa, que hallaron falta de certeza en las pruebas y la existencia de pericias contrapuestas.

El juez Humberto Otazú dispuso ayer el sobreseimiento pro­visional para el exministro de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) Ramón Jiménez Gaona, acusado por el hecho punible de lesión de confianza en el caso conocido como metrobús.

La medida judicial también se extiende para la exvicemi­nistra de Administración y Finanzas de la citada cartera estatal Marta Regina Benítez Morínigo. Con esto, Jiménez Gaona queda parcialmente desvinculado del proceso.

La decisión del magistrado penal de Garantías surge tras la propia pericia encargada por el Ministerio Público posteriormente a la acu­sación, la cual descartó un daño patrimonial para el MOPC durante la adminis­tración de Jiménez Gaona. La defensa del exsecretario de Estado, ejercida por el abo­gado Ricardo Preda, mani­festó que bajo la gestión de su cliente la obra vial fue entre­gada al gobierno de Mario Abdo Benítez, en agosto de 2018, con una ejecución del 18,5 %, razón por la cual con­sidera que no se sustenta la imputación.

La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobre­seimiento provisional de los encausados. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Gio­vanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.

Este hecho marca un con­traste con la acusación inicial impulsada por María Este­fanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosa­mente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.

El equipo de fiscales funda­mentó su decisión en la exis­tencia de pericias contra­puestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implica­dos, entre ellos, Ramón Jimé­nez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclare­cer estas contradicciones. Al tener elementos probato­rios contrapuestos, el Minis­terio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.

Entre las diligencias solicita­das por los fiscales se inclu­yen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construc­ción de las obras. El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González se refirió al sobreseimiento provisional al exministro de Obras Públi­cas, Ramón Jiménez Gaona por el caso Metrobús. En declaraciones a Universo 970 AM, González afirmó que la cuestión política es la única razón por la que fueron suspendidas las obras por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Agregó que el informe pericial donde se resalta que no hubo daño patrimonial durante la administración de Ramón Jiménez Gaona es una cuestión firme y que debe acatarse. “Esto demuestra que los argumentos que se utilizaron para sus­pender las obras del Metrobús, fueron premisas falsas. La única razón por la que se suspendió la obra es por razones políticas”, expresó. “Creemos que, al no haber razonamiento jurídico, ni razonamiento eco­nómico la única razón por la cual se suspendió la obra fue una razón política. Mientras que el daño patri­monial causado fue destruir todo lo que se había edificado hasta ese momento”, explicó.

Pericia constató que las obras en la primera fase del metrobús fueron ejecutadas y no hubo daño patrimonial.

En agosto de 2018, al cul­minar la gestión de Ramón Jiménez Gaona como minis­tro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Car­tes, el avance de las obras del metrobús (que partía desde el centro de San Lorenzo hasta el puerto de Asunción) llevaba ya un 18,5 % de eje­cución.

La obra se ejecutó y se pagó según se constata en la peri­cia presentada por el Minis­terio Público, por lo tanto no hubo daño patrimonial y, por consiguiente, tampoco pudo haber lesión de confianza. Pero la misma quedó incon­clusa no por una inviabilidad técnica, sino por una deci­sión política de la siguiente administración, que igual­mente fue la que tomó la deci­sión de demolerlas parcial­mente.

En agosto de 2018, además de la ejecución de las obras se pagaron las pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administra­ción dispuso la suspensión de las obras, la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la intervención recomendó la continuación del proyecto; pero en febrero de 2020 la administración decidió la cancelación del proyecto. El metrobús se convirtió en un símbolo de la falta de conti­nuidad en las políticas públi­cas y en un conflicto legal que ha costado millones al Estado paraguayo.