Se realizó la audiencia preliminar del exmi­nistro de Obras Públi­cas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona acusado por el delito de lesión de confianza por el caso conocido como Metrobús. La diligencia judi­cial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.

Al inicio de la diligencia judi­cial la Fiscalía se ratificó en su acusación y la defensa del exministro y otros procesa­dos presentaron varios inci­dentes donde se deja en claro los vicios y las contradiccio­nes de la acusación de la Fisca­lía. El abogado Ricardo Preda, representante legal del exti­tular del MOPC, fue claro en puntualizar los múltiples vicios que tiene la acusación del Ministerio Público y que se debe hacer lugar y resol­ver el sobreseimiento defini­tivo de Jiménez Gaona y otros procesados. Preda indicó que “la acusación del Ministerio Público tiene muchos vicios y eso hace que caiga en con­tradicciones”. Añadió que “la propia pericia de la Fiscalía concluyó que no existe per­juicio patrimonial en el caso investigado, un argumento clave que debilita la acusa­ción presentada”. Sostuvo, además, que “el informe téc­nico fue presentado después de que la acusación fuera for­malizada, lo que ha levantado serias dudas sobre la trans­parencia y solidez del proceso judicial”, señaló el citado pro­fesional al programa “30+” de Canal Trece.

Del mismo modo el abogado citó las falencias de la investi­gación mencionando que “no existe precisión y detalle en la descripción de los hechos punibles, así como se usó un tipo penal derogado, lo que genera nulidad procesal del presente caso”. También agregó que “la investigación fue deficiente, sin pruebas concluyentes que justifiquen la acusación”.

Otro punto importante que describió el abogado fue que se ha “violado el derecho a la defensa, ya que los acusados fueron indagados por hechos distintos a los expuestos en la acusación fiscal, por lo que se debe hacer lugar a la nulidad de la acusación y, por ende, el sobreseimiento definitivo”. Del mismo modo se dejó cons­tancia la ausencia del perjui­cio patrimonial real, ya que los pagos fueron aprobados por fiscalización y el BID.

Otro punto importante que mencionó el citado profesio­nal fue que “la obra se eje­cutó y se pagó en un 18,5 % y lógicamente en este estado no podría cumplir con todas las expectativas ‘sociales’ depositadas en el proyecto; la misma quedó inconclusa no por una inviabilidad téc­nica, sino por una decisión política de la siguiente admi­nistración, quien igualmente fue la que tomó la decisión de demolerlas parcialmente”.

Preda concluyó que “en agosto de 2018, al fenecer el mandato, la administración de Ramón Jiménez Gaona entregó un avance de obra del 18,5 %, como se afirmó, así como pólizas de seguro y contratos vigentes. La siguiente administración dis­puso la suspensión de las obras y la intervención del proyecto. Luego de meses de trabajo, en junio de 2019 la interven­ción recomendó la continua­ción del proyecto; pero en febrero de 2020 la adminis­tración decidió la cancelación del proyecto”, refirió el defen­sor del exministro del MOPC. La audiencia preliminar pro­sigue este jueves y ya el juez Humberto Otazú tendrá que resolver si corresponde hacer lugar a los incidentes plantea­dos por la defensa de Jimé­nez Gaona y ordenar el sobre­seimiento definitivo o enviar a juicio oral. También en el presente caso está acusada la exviceministra de Admi­nistración y Finanzas Marta Benítez.