“Hay un flagelo que estamos viendo en Paraguay que debe ser eliminado, no podemos nosotros aceptar su mínima incursión”, sostuvo el contralor general de la República, Camilo Benítez, quien abogó por la urgencia de introducir cambios a la Ley de Financiamiento Político promulgada en el 2020 y que tiene como fin el combate al crimen organizado y lavado de dinero.

“El flagelo tiene que ver con el ingreso del crimen organizado, del narcotráfico en las instituciones del Estado, en la política nacional, en los organismos de control”, manifestó durante la presentación oficial del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

Las afirmaciones del contralor surgen en medio del escándalo generado por los chats filtrados pertenecientes al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien mediante una charla mantenida con el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, admitió haber aportado USD 1 millón para la campaña del abdismo, expresando su preocupación por las repercusiones que esta donación podría tener si saliera a la luz.

“Eliminarlo jamás lo logramos si no hay una decisión política de todos los sectores. Decíamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, que debemos trabajar sobre una actualización de la Ley de Financiamiento Político, que podamos nosotros como Contraloría con el Ministerio Público controlar las candidaturas para tratar de evitar que esto ocurra”, dijo el titular del órgano extrapoder.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también había expresado su interés de impulsar modificaciones a la citada normativa. A pesar de las dudas sobre el origen del dinero otorgado por el dirigente norteño a Fuerza Republicana, liderado por el exmandatario Mario Abdo Benítez, y la posibilidad de que este movimiento haya violado la Ley de Financiamiento Político, la Fiscalía aún no tomó la iniciativa de impulsar una investigación de oficio.

No obstante, el caso ya se encuentra en la mira de la Comisión Antilvado del Congreso Nacional, que al retomar sus funciones en el transcurso de la próxima semana analizará convocar como primera medida al abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes, y a las autoridades del Ministerio Público.

Varios informes de Inteligencia advertían sobre la vinculación de Lalo Gomes con el narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Pese a estos reportes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la campaña abdista y acabó como diputado electo.

Este dato, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en especial el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, decidió ignorarlo para blindar a su principal financista. Gomes además estaba sospechado (e imputado por el Ministerio Público) por tener vínculos con organizaciones criminales de la frontera, en este caso con el poderoso capo narco Jarvis Chimenes Pavão. Esto se desprende del operativo Pavo Real.