El senador Derlis Mai­dana, representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistra­dos (JEM), confirmó que la próxima semana se tra­tará el proyecto que plan­tea poner fin a las comu­nicaciones privadas entre enjuiciados e integrantes del organismo extrapoder, debido a que existe un gran interés en devolver la cre­dibilidad ciudadana a esta institución.

“Se postergó por 7 días la aprobación en general en razón de que se va a remi­tir el proyecto a cada miem­bro del Jurado para que pue­dan hacer aportes, pero en líneas generales, estamos de acuerdo en que quienes tengan litigios de emergen­cia, ya sean abogados defen­sores, jueces, fiscales y abo­gados que hagan su descargo o presentaciones en forma pública, que se les prohíba a los miembros tener audien­cias privadas con las partes litigantes”, explicó.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador detalló que el pro­yecto fue presentado por la doctora Alicia Pucheta en la sesión de este jueves 27 de febrero, pero se decidió pos­tergar el estudio y aproba­ción de modo a que cada uno de los miembros pueda anali­zar en profundidad y realizar correcciones o introducir ele­mentos si así lo considerasen pertinente.

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“Eso está para ser aprobado el próximo jueves en general en particular y será de imple­mentación inmediata para secundar también lo que dijo el presidente electo del JEM, de que va a limpiar la institu­ción. Sabemos que otorgarle credibilidad al JEM va a tener su proceso, pero la tarea se comienza de la mejor manera y es poniéndole al frente a un magistrado de larga lucha en el ámbito de la Justicia”, refi­rió Maidana sobre la nueva elección del organismo.

Este cambio que realizará el JEM en torno a las comunica­ciones entre los integrantes y los enjuiciados responde a la recomendación de la última Cumbre de Poderes, instancia donde se instó a implemen­tar la iniciativa 28 de la Estra­tegia Nacional de Combate a la Corrupción, a través de la cual exhortan a la activación de mecanismos para restrin­gir las comunicaciones priva­das entre miembros y proce­sados, apuntando a que estas sean oficiales y públicas.

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