El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una causa penal para investigar la denuncia que presentó el exdiputado Orlando Arévalo (ANR) contra el juez de Crimen Organizado, Osmar Legal. La resolución 572 del titular del Ministerio Público está fechada el 20 de febrero, tras la presentación de la denuncia de Arévalo contra el citado magistrado el pasado 17 de febrero.
La acción penal es por el presunto hecho punible de prevaricato por la decisión de Legal de ordenar la extracción de datos de aparatos incautados en el caso Pavo Real II bajo una figura errónea, tras el allanamiento de la casa del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció en el operativo fiscal-policial. La resolución ordena remitir parte de los datos a la Fiscalía y recién después otorgar la copia a las partes.
El equipo de trabajo que investigará al magistrado está conformado por Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.
Del teléfono celular del finado diputado se extrajeron importantes y comprometedores chats donde se revela un esquema de tráfico de influencia y otros delitos por parte de Gomes con magistrados, fiscales, políticos, entre otros.
Los primeros chats dados a conocer a través de los medios de comunicación comprometían a Arévalo en un diálogo con Gomes, quien le pedía favorecer a los cuestionadas fiscales Katia Uemura, Stella Mari Cano y a la jueza Sadi López, investigadas en aquel entonces por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ante esta situación, Arévalo se vio obligado a renunciar primero como miembro del JEM y luego a su banca de diputado.