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Durante el gobierno de Mario Abdo Bení­tez se consolidó un sistema perverso que ofrecía blindaje a sus aliados mien­tras perseguía a sus enemigos políticos con métodos cuestio­nables y delictivos. El caso de Lalo Gomes es ejemplificador.

Por un lado, el Ejecutivo tuvo en sus manos al menos 7 informes de inteligencia y 13 Registros de Operaciones Sospechosas (ROS) que señalaban los vín­culos turbios de su jefe de cam­paña en Amambay con organi­zaciones criminales (con Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca). Sin embargo, en lugar de actuar, el gobierno abdista no solo lo mantuvo como finan­cista y operador político, sino que también lo llevó al Con­greso como diputado, cajo­neando su expediente durante cuatro años.

Mientras protegía a Gomes, el Gobierno desplegó un ope­rativo de garrote político con­tra sus adversarios, especial­mente contra Horacio Cartes y Santiago Peña. Este esquema, que involucró a instituciones como la Seprelad, consistió en la creación de una oficina paralela dentro del organismo, donde funcionarios sin atri­buciones legales elaboraron informes fraguados y filtra­ron información confidencial a medios afines.

Además del exmandatario Abdo, están implicados en este esquema los exminis­tros Arnaldo Giuzzio, Car­los Arregui, René Fernández, los exfuncionarios Carmen Pereira, Daniel Farías Kro­nawetter, Francisco Pereira Cohene, además de Mauricio Espínola.

El operativo de montaje y fil­tración de información confi­dencial se inició con el montaje de una dependencia paralela dentro de la Seprelad con fun­cionarios ajenos a la institu­ción y sin atribución legal para investigar exclusivamente a Horacio Cartes y su entorno.

Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análi­sis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad, ordenaron y acomodaron la improvisada “oficina paralela”.

Con el propósito de debilitar a los políticos contrarios en el ámbito político, económico y electoral, fue elegido para hacer el trabajo Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteli­gencia financiera del Ministe­rio del Interior (hasta junio de 2022). Otro que tuvo especial participación fue René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrup­ción, quien fue el editor del documento hecho por el fun­cionario.

Farías y Fernández, sin ser funcionarios de la Seprelad, fueron los responsables de ela­borar un primer documento secreto en formato Word. En el texto se incluían datos de sala­rios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.

La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidencia­les de Peña y Boidanich a través de los medios de prensa (como lo hicieron Abdo y su secretario privado Mauricio Espínola), y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior informe de inteligencia 10/2022.

El senador Leite señaló que el expresidente Abdo Benítez debería despojarse de sus fueros y someterse a la Justicia.

El senador Gustavo Leite dijo que el expresidente Mario Abdo Benítez debería presen­tarse ante la Justicia y acla­rar todos los hechos revela­dos en los chats del teléfono del fallecido diputado Eula­lio “Lalo” Gomes, acusado de haber tenido vínculos con el narcotráfico, y que lo salpi­can. Afirmó que este caso es una prueba de fuego para la Fiscalía.

“Si Mario Abdo Benítez se pre­cia de ser paraguayo, debería despojarse de sus fueros y pre­sentarse a la Fiscalía lo antes posible, sino tendremos la prueba de que su campaña fue fondeada ilegalmente sin nece­sidad siquiera de otras actua­ciones”, aseveró el parlamenta­rio en contacto con La Nación/Nación Media.

Los últimos chats develados entre Gomes y Abdo revelan que ambos tuvieron fluidas conversaciones entre el 2019 y 2021. El entonces ganadero y dirigente político de Amambay, con vínculos con el narcotrá­fico, incluso realizaba pedidos y recomendaciones al presidente respecto a quienes deberían liderar instituciones sensibles como la Fuerza de Tarea Con­junta (FTC).

Para Leite lo que corresponde ante la gravedad de los chats revelados y la donación de USD 1 millón de Gomes a la campaña de Abdo, amerita que este renuncie a sus fueros como senador vitalicio y se someta a la justicia. “Por otro lado, la Fiscalía debe actuar de oficio e iniciar una investiga­ción. El financiamiento polí­tico es muy sensible y si plata del narco entró a la campaña de alguien, ese alguien debe correr con todo el peso de la ley sobre sus espaldas”, sentenció.

Esta caso, que deja al des­nudo el movimiento millo­nario que tuvo Gomes y que no fue motivo de interven­ción por parte de institucio­nes que tenían conocimiento sobre esto, como la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es una “prueba de fuego” para la Fiscalía la que debe actuar inmediatamente sin dila­tar en exceso sus procesos “que nunca llegan a nada”, lamentó.