Al menos 7 informes de inteligencia de Seprelad y 13 operaciones sospechosas (ROS) daban cuenta de dudosas operaciones del financista del abdismo y de sus vínculos con capos como Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

• HOY.COM.PY

El gobierno de Mario Abdo Benítez contaba con informes de inte­ligencia que ligaban a Eula­lio “Lalo” Gomes con el nar­cotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca; sin embargo, el entonces pre­sidente chateaba casi a dia­rio con el pedrojuanino colo­rado e incluso recibió más de 1 millón de dólares para su campaña política.

Los vínculos del abdismo con el narcotráfico quedan cada vez más en evidencia, al exponerse nuevas con­versaciones obtenidas del celular del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. En nuevos chats difundidos se ve el trato muy cercano y amigable con el expresidente Mario Abdo Benítez.

Extractos de los chats a los que accedió el programa “Arriba hoy”, del canal GEN, revelan pedidos de nom­bramientos, en muestra de abierta confianza y proxi­midad en el trato, y compro­miso de apoyo en las internas coloradas de 2022. El 10 de mayo de 2020, Lalo Gomes se comunicó por WhatsApp con Abdo Benítez, a quien le pidió que intervenga para evitar un cambio en la Fuerza de Tarea Conjunta.

Lo llamativo del caso es que, desde el 2019, el enton­ces gobierno abdista mane­jaba informes de inteligen­cia que revelaban los nexos de Lalo con Cabeza Branca. Sin embargo, estos datos no se informaron a la Fiscalía hasta el 2021.

El 16 de noviembre de 2021, la Seprelad remite un informe autónomo al Minis­terio Público, donde hace mención a 13 reportes de operaciones sospechas con respecto a Eulalio Gomes, pero estos ROS no se habían remitido anteriormente a la Fiscalía (cinco reportes del año 2017, uno del año 2018, otro del año 2019, cuatro del año 2020 y dos del año 2021). Recién en el informe del 2021 se hace mención a la vincu­lación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, de acuerdo a un ROS remitido el 3 de diciembre de 2019 por un sujeto obligado del sector seguros.

Atendiendo a la vinculación de Eulalio Gomes con Cabeza Branca, según ROS del sujeto obligado del sector seguros, la Seprelad incluye en el informe mencionado que en el marco de la causa Cabeza Branca fueron respondidos diversos requerimientos de los agen­tes fiscales intervinientes en la misma:

El 29 de junio de 2020 se remitió un informe al fis­cal Carlos Alcaraz, y el 10 de setiembre de 2020, otro a la fiscala Lorena Ledesma. El 16 de enero de 2019 se había enviado un informe al legis­lador Antonio Buzarquis (Congreso Nacional) y a Mónica Sefart (de la Presi­dencia de la República). El 15 de noviembre de 2019 se había remitido un informe a la fiscala Elva Cáceres, otro el 16 de enero de 2018 a la fis­cala Lorena Ledesma y otro más el 30 de agosto de 2018 a la fiscala Elva Cáceres.

• DERLIS MAIDANA - Senador

“La Justicia no debe ser selectiva. Si el caso amerita, más tra­tándose de un presidente de la República, se debe hacer lo que corresponde, investigar y llegar a resultados concretos, que es lo que la ciudadanía espera para devolver la confianza y credibili­dad a las instituciones”, aseveró el parlamentario.

“Yo mantengo mi posición de siempre, el Ministerio Público debe investigar todos los casos en los que hay indicios de hechos punibles, la vara debe ser la misma para todos, sin excepción, si la Fiscalía considera que debe pedir desafueros, debe proceder como corresponde y proseguir de la manera más rápida posible con las investigaciones”, añadió Maidana.

• GUSTAVO LEITE - Senador

“Si Mario Abdo Benítez se precia de ser paraguayo, debería des­pojarse de sus fueros y presentarse a la Fiscalía lo antes posible, sino tendremos la prueba de que su campaña fue fondeada ile­galmente sin necesidad siquiera de otras actuaciones”, aseveró el parlamentario Gustavo Leite.

“Por otro lado, la Fiscalía debe actuar de oficio e iniciar una investigación. El financiamiento político es muy sensible y si plata del narco entró a la campaña de alguien, ese alguien debe correr con todo el peso de la ley sobre sus espaldas”, expresó.

En un ejercicio de selectiva asimetría gubernamental, el gobierno de Mario Abdo demostró una habilidad asombrosa para “cajo­near” los abundantes datos que vinculaban a Lalo Gomes con organizaciones delictivas. A pesar de los informes de inteligen­cia financiera y las múltiples alertas, decidieron que lo mejor era mirar para otro lado, como si los documentos se hubieran per­dido en un agujero negro burocrático.

Recién en 2021, cuando ya no quedaba más remedio, se animaron a presentar una denuncia ante la Fiscalía. La investigación avanzó a paso de tortuga, hasta que en agosto del año pasado terminó en un operativo fallido que dejó más preguntas que respuestas, y a Lalo muerto. Pero no todo fue inacción: para perseguir a sus enemigos políticos, como Horacio Cartes y Santiago Peña, sí hubo eficiencia.

Filtraciones, informes fraguados y datos falseados fueron el pan de cada día. Vaya paradoja: mientras los nexos narco se archivaban, la maqui­naria de persecución política funcionaba a todo vapor.