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El gobierno de Mario Abdo Benítez habría blanqueado al esquema narco que reinó durante su administración.

Varios informes de inteligen­cia advertían sobre la vincula­ción de Eulalio “Lalo” Gomes con el narco Cabeza Branca. Pese a estos informes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la cam­paña abdista y acabó como diputado electo.

El exministro de la Senad y del Ministerio del Interior Arnaldo Giuzzio aseguró ayer que la administración abdista recién entre los años 2020 y 2021 ubicó al hijo de Eulalio “Lalo” Gomes como posible involucrado en acti­vidades ilícitas. Sin embargo, en la práctica, ese gobierno ya manejaba varios informes de inteligencia que asociaban al político colorado con el nar­cotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, desde tiempo atrás.

“Muy poca o nada. No tenía­mos más información de que era un referente gremial allá (en Amambay) y político. Referente gremial porque fue presidente de la ARP por varios años allí y político por­que obviamente era un líder político electoral ahí en el departamento”, expuso en entrevista con radio Monu­mental. Consultado sobre si Lalo no aparecía en el mapa de los posibles operadores de los narcotraficantes de la fron­tera, el exministro del Inte­rior y de la Senad respondió que no lo tenían fichado.

“Nosotros no le teníamos como alguien vinculado al sec­tor del crimen organizado, no aparecía aún en nuestro radar. Después sí nos enteramos de una presencia un poco más ascendente del hijo (Alexan­dre Gomes), que operaba en el lado brasilero, y luego nos enteramos que probable­mente en el lado paraguayo lavaba su dinero obtenido por esa actividad ilícita. Más de eso no se tenía”, indicó.

El político abdista mencionó que se enteraron de esa acti­vidad de Gomes entre los años 2020 y 2021. “Habrá sido allá por el 2020, 2021, más o menos, no recuerdo el tiempo, pero era como una referencia. No tenía tampoco formalmente una investiga­ción abierta en Paraguay”, aseguró.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en su sesión extraordinaria de ayer, recibió y tomó conocimiento de los antece­dentes remitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con relación a las magistradas Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, involucradas en el mediático caso de filtración de chats.

Las mismas fueron suspendidas por la Corte en sus funcio­nes el pasado 7 de febrero. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, procedió a dar lectura al procedimiento que deberá llevar adelante la instancia, y explicó que se debe respetar los plazos establecidos, que en este caso son 20 días hábiles para que el JEM pueda expedirse sobre el caso, lapso que va hasta el 13 de marzo.

“Ante dicha situación específica corresponde tomar conocimiento formal de los antece­dentes a los efectos de que en el plazo legal establecido en el artículo 18 de la Ley 6814/2021, este Jurado pueda analizar y expedirse sobre tales antecedentes, pues los mismos pueden ser eventualmente encuadrados en causales de enjuiciamiento conforme lo establece la ley”, expresó Pucheta, durante la sesión extraordinaria que tuvo este tema como único punto del orden del día.