Acerca de las revelaciones de conversaciones entre autoridades judiciales, parlamentarias y del Ministerio Público, gremios empresariales y productivos se pronunciaron al respecto vía comunicados. Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) señalaron que el caso deja en evidencia una trama de manipulación y tráfico de influencias que traiciona los principios fundamentales del Estado de derecho.
“No podemos permitir que nuestras instituciones sean manejadas por quienes, en lugar de servir a la ciudadanía, se benefician a costa del bien común”, señala parte del comunicado. Resaltan que mientras el presidente de la República, Santiago Peña; el ministro de Industria, Javier Giménez, y algunos miembros del Poder Ejecutivo trabajan por atraer inversiones, generar confianza y promover oportunidades para los paraguayos, estos hechos lamentables ponen en riesgo la estabilidad y el futuro del país.
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) también se pronunciaron sobre el escenario político. Desde la UGP enfatizaron que la Justicia en nuestro país está “neutralizada e infiltrada”, por lo que exhortó a “defender el Paraguay que respeta las leyes, donde se dejan de lado las mezquindades y se prioriza el bien común”.
Por su parte, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) manifestó su preocupación y advirtió que “estos hechos ponen en evidencia el tráfico de influencias y la injerencia política en nuestras instituciones, lo que representa una amenaza seria para la integridad del sistema judicial”.