Los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera pidieron la desestimación de esta denuncia ya que pudieron comprobar que la venta de cigarrillos de Tabesa a Tabacal Free Zone de Aruba y su transporte a través de un avión carguero 747 de la venezolana Emtrasur no estaban vinculados al financiamiento del terrorismo.

Según informó el medio digital El Observador, especializado en informaciones judiciales, las declaraciones e informes tomados por los fiscales desmontan la farsa articulada por el gobierno de Abdo y confirman que la aeronave (que luego fue incautada y deshuesada por EE. UU.) fue contratada solo para realizar el flete y que la carga documentada partió hacia Aruba sin indicios de ilegalidad.

La publicación del citado sitio web señala el artículo titulado “Avión Iraní: fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”.

La publicación relata que la causa se inició con la denuncia del entonces ministro secretario de la Senac, René Fernández, sobre el arribo a Paraguay de la aeronave matrícula venezolana YV3531 con autorización no regular para el traslado de cigarrillos de la empresa Tabacalera del Este SA (Tabesa) al país de Aruba”. La aeronave ingresó al país el 13 de mayo de 2022 con 18 personas a bordo, de las cuales 7 eran de nacionalidad iraní y 11 de nacionalidad venezolana, quienes supuestamente tendrían vínculos con grupos terroristas de las fuerzas Quds”.

Los antecedentes refieren que “la aeronave realizó una operación de traslado de mercadería de exportación, más específicamente, 7.086 cajas de cigarrillos vendidas por Tabacalera del Este SA a Tabacal Free Zone Nv, empresa ubicada en el país de Aruba”.

La investigación fiscal se centró primeramente en el ingreso de la aeronave, que fue autorizada por la Dinac para el traslado de la mercadería vendida por Tabesa. Según los testimonios tanto de los funcionarios de la Dinac como de Aduanas, el avión llegó sin carga y con 18 tripulantes que, según señalan los fiscales, no registraban investigaciones, procesos o condenas por actos vinculados al terrorismo.

En lo que atañe a las personas vinculadas con la operativa del traslado de tripulantes y carga, Ezequiel Santoro da Silva y Darío Díaz Ocampos, los mismos poseían causas penales, pero no estaban relacionados con financiamiento del terrorismo.

Los fiscales Arce y Cabrera señalan que la carga poseía todos los documentos en regla. Es decir, contaba con el despacho de exportación de la Dirección de Aduanas, factura de venta y con todos los permisos tanto fitosanitarios como los expedidos por Dinavisa, según el documento.

Se indica además que “no se ha acreditado que el negocio realizado por Tabesa para la venta de cigarrillo a Tabacal Free Zone en Aruba y el transporte de estos vía aérea por medio de la empresa Emtrasur, haya tenido como objetivo obtener fondos para la realización de actos de terrorismo, ya que se corroboró mediante declaraciones testimoniales e informes de las distintas instituciones públicas, que la empresa aérea fue contratada para el transporte de carga, que este si bien es cierto, era un vuelo no regular, contaba con la debida autorización de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que este vuelo llegó sin carga y que posteriormente la carga debidamente documentada salió del país en el mismo vuelo con destino final a Aruba de donde fue adquirida esta carga, sin que haya indicios de que esta operación tuvo la finalidad de aportar fondos, dinero o bienes para la realización de actos de terrorismo”.

Finalmente, los agentes fiscales señalan que por las diligencias realizadas por el Ministerio Público en este caso “no existen elementos que permitan establecer la existencia de hechos punibles ni la participación de los tripulantes del avión o de los representantes de la empresa exportadora ni compradora en hechos punibles de terrorismo ni financiamiento de este”.

Es por esta razón que solicitaron la desestimación de la denuncia ya que no reúne méritos de tipicidad de la conducta que se investiga.