El Gobierno, a través del Minis­terio de Relaciones Exteriores, remitió una nota a la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Paraguay, expre­sando su absoluto desacuerdo a la decisión tomada por el Comité de los Derechos del Niño de dicha organización, que resolvió responsabilizar al Paraguay por la muerte de dos niñas durante una operación militar contra el grupo crimi­nal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el año 2020.

En el descargo de la Cancille­ría se señala que las conclu­siones de este comité se apo­yan en facultades asignadas unilateralmente a través de “metodologías internas de trabajo”, que contravienen abiertamente a disposiciones de superior jerarquía emana­das del Protocolo Facultativo, relativo a un procedimiento de comunicaciones.

Asimismo, manifiesta que el informe conclusivo fue resul­tante de la investigación con­fidencial desarrollada por el Comité de los Derechos del Niño, y la representación diplomática recuerda que, de acuerdo al Reglamento del propio comité, establece que tanto la investigación como los documentos, y actuacio­nes relacionadas a ella deben tener carácter confidencial.

Además, el comité no tuvo en cuenta la información con­textual y sustantiva proveída en su momento por el Estado paraguayo, “lo cual afecta seriamente la coherencia y rigurosidad” de la investiga­ción.