El próximo viernes 24 de enero se cumple un año desde que la Fiscalía obtuvo autorización judicial para acceder a elementos probatorios que sustentaron la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y varios de sus exministros. Este proceso penal, conocido como el caso de la filtración de información confidencial (de manera tergiversada y maliciosa), incluye siete hechos punibles, entre ellos revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Según informó el periodista Aldo Insfrán en el canal GEN, la investigación avanzó con la incautación de datos clave tras la autorización de una jueza penal, lo que permitió a los fiscales fundamentar las imputaciones. No obstante, las diligencias enfrentaron obstáculos, incluyendo numerosas chicanas legales presentadas por los abogados de los imputados.
La Fiscalía debe presentar en marzo el requerimiento conclusivo, optando entre la acusación formal o el sobreseimiento provisional, dependiendo de los elementos recabados. Pese a los retrasos, las autoridades aseguran contar con pruebas suficientes para sustentar un juicio oral y público.
ANTECEDENTES
En fecha 31 de julio de 2023, Horacio Manuel Cartes Jara, bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar Valenzuela presentó denuncia, entre otros hechos, por supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Seprelad, incursando las conductas en los hechos punibles de denuncia falsa, simulación de hechos punibles, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas. Más adelante, el 30 de agosto de 2023, Cartes Jara, bajo patrocinio del Abg. Pedro Ovelar Valenzuela amplió la anterior denuncia, específicamente con respecto a la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
Por último, en fecha 30 de octubre de 2023, se volvió a ampliar la denuncia, en esta ocasión con relación a una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).