Un Tribunal de Sen­tencia de manera unánime otorgó 10 años de prisión al exgoberna­dor del departamento Cen­tral Hugo Javier González por malversación de los recursos económicos que fueron des­tinados en la lucha contra la pandemia del covid-19. En la causa también fue conde­nado con la misma cantidad de pena su exasesor y exdirec­tor de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra.

El tribunal estuvo confor­mado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, quienes sostienen que González durante su gestión cometió lesión de confianza, producción de documentos no auténticos (uso) y asocia­ción criminal en calidad de autor. Mientras que Robles Ibarra incurrió en los hechos punibles de lesión de con­fianza y producción de docu­mentos no auténticos en cali­dad de instigador.

En total ambos malversaron la suma de G. 5.105.600.000. Luego de darse a conocer la condena, tanto González como Robles Ibarra fueron remitidos a la penitenciaría de Tacumbú. También fue­ron condenados en la causa, el exdirector de Adminis­tración y Finanzas, Javier Marcelo Rojas Giménez, por lesión de confianza en cali­dad de coautor, a 2 años de prisión. Mientras que Lour­des Lezcano Decoud, exsecre­taria general; Luis Eduardo Allende Araújo, extesorero, y Modesta Valiente, exsecre­taria de Administración y Finanzas, recibieron una con­dena de 2 años con suspen­sión por lesión de confianza en calidad de cómplices.

En el transcurso del jui­cio quedó comprobado que los fondos económicos que debían ser utilizados por la gobernación de Central para la reactivación económica fueron desviados y para ocul­tar el hecho, se adulteraron 14 proyectos de obras para justi­ficar el uso del dinero.

“Entre noviembre del año 2020 y julio del año 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra, director general del Gabi­nete de Central ideó y lideró un esquema formado por fun­cionarios y representantes de CIAP y con constructores para conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Estado, entonces así coor­dinó con todas estas personas todos los trabajos para ocultar el uso de dinero público. Para ello trazó un plan y exhortó a las personas que sigan el delineamiento de ese plan”, refiere parte de la sentencia.

Asimismo, la sentencia argu­menta que “la documentación presentada en ambas rendi­ciones presentaban facturas falsas y mentiras escritas, con el propósito de desviar los recursos a la generación de fuentes de trabajo. El tribunal tiene la certeza absoluta que estas obras no se realizaron con los fondos.