El presidente de la República, San­tiago Peña, firmó el decreto n.° 3139 de regla­mentación de la Ley n.° 7322/2024 “Que establece la pensión universal para las personas adultos mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”. La reglamen­tación fue solicitada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución encargada de la ejecución de este beneficio social.

El documento establece los destinatarios: “Todo para­guayo natural o naturali­zado mayor de 65 años de edad, los paraguayos natu­ralizados deberán tener residencia permanente de al menos 5 años; los extran­jeros con por lo menos 30 años de residencia perma­nente en el país”.

También se incluye a “miem­bros de las comunidades indígenas a partir de los 55 años de edad, para lo cual las comunidades indígenas deberán estar registradas en el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); igual­mente, se incluye a las perso­nas con discapacidad severa a partir de los 60 años de edad, para lo cual deberán contar con la certificación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis)”.

Se establece también que el Ministerio de Desarro­llo Social será la institu­ción encargada de diseñar el programa, establecer mecanismos, coordinar con las instituciones, esta­blecer acuerdos de cooperación y reglamentar el mecanismo de monitoreo y evaluación.

La incorporación de los beneficiarios se dará cuando la persona mayor cumpla la edad establecida en la ley y será de forma automática en un listado de potenciales destinata­rios, sin embargo, no impli­cará el pago automático de la pensión universal. Para determinar este listado, el Ministerio de Desarro­llo Social contará con un plazo de 60 días para rea­lizar las verificaciones de cumplimiento de los requi­sitos establecidos en la ley, menciona el documento.

Para el financiamiento de este programa, el Ministerio de Desarro­llo Social contará con las partidas presupuestarias en su presupuesto anual, con recursos financie­ros que tendrán origen en ingresos genuinos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El presidente Santiago Peña firmó también el decreto mediante el cual se aprueba la contratación de un préstamo de hasta USD 60 millones del BID para el financiamiento de la construcción del nuevo Hospital de San Estanislao, más conocido como Gran Hospital del Norte, obra que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Salud.

De esos USD 60 millones, se destinarán USD 30 millo­nes a la construcción y los restantes USD 30 millones, al equipamiento con instalaciones de última generación. Se estima que esta obra beneficiará a unas 90.000 perso­nas. El hospital contará con 150 camas, de las cuales 120 estarán destinadas a la hospitalización y 30 para cuida­dos intensivos. Además, tendrá 38 estaciones de atención ambulatoria, un departamento de diálisis con 24 sillas y un hospital de día para tratamientos oncológicos con 10 estaciones.