Los fiscales Marcial Machado y Fátima Girala presentaron acusación contra Armando Rotela y otros 8 integran­tes de la agrupación crimi­nal denominada como clan Rotela, por el amotinamiento que fue organizado por este grupo, cuando estaban recluidos en la penitenciaría de Tacumbú en el momento en que se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre de 2023.

También se requirió al juez Yoan Paul López, la eleva­ción de la causa a juicio oral y público a estas nueve perso­nas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de inter­nos, transgresión a la ley “de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afi­nes” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.

Los otros integrantes del clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Mil­ciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.

De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del pri­mer anillo del clan Rotela, para resistirse a interven­ciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molo­tov e incluso dinamita en gel.

“La resistencia y organi­zación de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.

Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organi­zación criminal además de caracterizarse por su capa­cidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado es señal de pertenencia, y el lema “ven­cer o morir” forma parte del código interno que manejan para comunicarse.

“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obte­nían dentro del penal (como armas blancas, alcohol y tec­nología), demuestran el nivel de control y poder que ejer­cían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas perso­nas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria, y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.