La Cámara de Senado­res aprobó en sesión extraordinaria el pro­yecto de la función pública y del servicio civil y la iniciativa que modifica varios artículos y amplía la Ley n.° 4457/12 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipy­mes)”. Ambos documentos son remitidos al Poder Eje­cutivo para su promulgación o veto.

Ambos proyectos fueron aprobados en la última sesión ordinaria de la Cámara Baja desarrollada el martes 17 de diciembre y en cuanto a la función pública, fue devuelto con modificaciones por los diputados en ocho artícu­los en total. Uno de ellos guarda relación con el ingreso de personas a la función pública.

“Se reformula el artículo n.° 14 estableciendo que el acto jurídico por el cual se dis­ponga el ingreso de servido­res a la función pública en transgresión a la presente ley o reglamento será nulo, es decir, la imprescriptibi­lidad de aquellos que violen el modo en el cual los servi­dores públicos ingresan a la administración”, explicó el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

La Cámara de Senado­res aprobó el proyecto de reforma del Instituto de Previsión Social (IPS) en la cual se establece el nuevo cálculo para la jubila­ción. La propuesta ya con­taba con media sanción en Diputados.

El proyecto de ley “Que sus­tituye, modifica e incor­pora varias disposiciones del régimen legal del Ins­tituto de Previsión Social (IPS)” fue sancionado por el Congreso Nacional.

La iniciativa busca moder­nizar y fortalecer el sis­tema previsional del país se centra en el cambio de período de cálculo de las jubilaciones, extendién­dolo de 36 a 120 meses, es decir, de 3 a 10 años para calcular el promedio de la jubilación.

El ajuste busca reflejar de manera más precisa la his­toria salarial de los asegu­rados, evitando distorsio­nes por aumentos abruptos en los últimos años.

Para la jubilación ordina­ria, los asegurados debe­rán tener al menos 60 años y 25 años de aporte, con un monto jubilatorio equiva­lente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salarios registrados.

Con 26 votos a favor, 15 votos en contra y cuatro senadores ausentes, la normativa tuvo aprobación en general.

El Senado sancionó ayer el proyecto de ley “que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente de ciu­dadanos paraguayos y para­guayas residentes en el Para­guay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”. Con 26 votos a favor, 15 votos por el rechazo y cuatro senadores ausentes, la norma­tiva tuvo aprobación en gene­ral, luego de haber obtenido media sanción de Diputados, el pasado 19 de noviembre.

“Establécese que los paragua­yos y paraguayas que cum­plan dieciocho años de edad, y que cuenten con cédula de identidad civil, serán ins­criptos de manera automá­tica en el Registro Cívico Per­manente, dependiente de la Dirección del Registro Elec­toral”, dice el artículo 2 de la propuesta presentada el 6 de noviembre por el diputado José Rodríguez, con un total de 17 artículos.

El capítulo 3 está dedicado a los paraguayos residen­tes en el extranjero, en los artículos 6 a 9, que indica la creación del Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tri­bunal Superior de Justicia Electoral, responsable de la confección del Registro Cívico Permanente en el Extranjero (RCPE).

Es para la modernización de la infraestructura de varias escuelas y para construcción de más centros de formación docente.

Unas 316 escuelas de todo el país serán renovadas y ampliadas a través del convenio de préstamo sus­crito entre el Gobierno del Paraguay y el Banco Inter­nacional de Reconstruc­ción y Fomento.

También se prevé la cons­trucción de seis nuevos centros de formación docente, con obras pla­nificadas para iniciar en 2025 y culminar en 2026.

El proyecto contempla una ampliación presupuesta­ria de 300 millones de gua­raníes dentro del Presu­puesto General de 2024, destinada al objeto de gasto 266: “Consultoría, Asesoría e Investigación”, bajo la administración del MOPC.

Las condiciones finan­cieras refieren un periodo de amortiza­ción de 24 años, incluido 6 años de gracia. Este financiamiento busca garantizar aulas renova­das y espacios adecuados para el inicio del periodo lectivo 2026.

Tras la sanción del pro­yecto en la Cámara de Diputados, se dispuso su remisión al Poder Eje­cutivo para su trámite constitucional corres­pondiente, ya sea promul­gación o veto.