El juez Humberto Otazú hizo lugar a la desestimación de la denuncia presentada en su momento contra Sandra Quiñónez, quien se desempeñó como fiscal general del Estado durante el período 2018 hasta 2023. La misma fue denunciada por los supuestos hechos de frustración de la persecución penal y prevaricato.

El magistrado sostuvo que Quiñónez no tomó decisiones contrarias a derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, y se ha podido verificar que el Ministerio Público realizó las diligencias en las denuncias presentadas y no hubo omisión dolosa o negligente, por lo que corresponde archivar la denuncia.

Del mismo modo, el juez Otazú sostuvo sobre la frustración de la persecución y ejecución penal, que se tuvo en cuenta el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que fue objeto de análisis de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, el cual concluyó que no existía mérito para abrir una nueva causa penal.