La Cámara de Dipu­tados estudiará el próximo martes 12 de noviembre en su sesión ordinaria el proyecto Eje­cutivo a través del cual se pretende establecer el Régi­men Nacional de Integridad, Transparencia y Preven­ción de la Corrupción, a fin de sentar las bases para una gestión pública sólida, sus­tentada en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación activa de la ciudadanía.

El documento que figura en el punto 13 del orden del día, ya cuenta con media sanción del Senado y posee sanción ficta para el próximo 1 de abril de 2025. La iniciativa prevé la creación del Consejo Nacional Anticorrupción y dispone que los bienes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anti­corrupción (Senac) pasen a integrar la Contraloría General de la República (CGR). De esta manera, la institución que dependía del Ejecutivo se conver­tirá en un ente autárquico bajo la subordinación del órgano extrapoder.

A la vez establece que el citado consejo estará conformado por los tres poderes del Estado; un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un representante de cada cámara del Congreso Nacional; el Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

También se estipula en la propuesta que la Contraloría ejercerá la coordinación gene­ral de dicho consejo en conjunto con el jefe del Gabinete Civil de la Pre­sidencia de la República. Según el proyecto, entre sus funciones se inclu­yen: diagnosticar, dise­ñar, elaborar, coordinar, promover, supervisar y evaluar las medidas que conforman el régimen de transparencia; diseñar y supervisar programas de rendición de cuentas cen­trados en el ciudadano; y planificar acciones anua­les relacionadas con la transparencia e integri­dad en las instituciones públicas, así como la ges­tión de riesgos de corrup­ción; entre otras.

Adicionalmente, será atri­bución del órgano de con­trol, recibir denuncias de ciudadanos sobre posi­bles actos de corrupción o faltas administrativas cometidas por funciona­rios públicos. No obstante, sus dictámenes no serán vinculantes.

Déjanos tus comentarios en Voiz