El representante legal de Daniel Alberto Farías Kronawetter solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare la nulidad abso­luta de la prórroga extraordi­naria de seis meses otorgada por el Tribunal de Apelación Penal, 4.ª Sala de la Capital, al Ministerio Público. Este funcionario está imputado en la causa de la filtración de la Seprelad. Es la pieza clave en la oficina paralela mon­tada para perseguir a los ene­migos políticos del abdismo.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el Ministerio Público reveló la existencia de un esquema en el cual la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) habría operado una “oficina paralela” para investigar y debilitar a figuras políticas como Horacio Cartes y San­tiago Peña. Según la inves­tigación, esta estructura clandestina fue diseñada para perseguir a oposito­res políticos y así socavar sus posiciones económicas y electorales.

LA DIRECCIÓN DEL ESQUEMA

El esquema, presunta­mente dirigido por el exmi­nistro de la Seprelad Carlos Arregui, junto con Carmen Pereira en roles clave den­tro de la institución, con­taba también con la parti­cipación de Daniel Farías Kronawetter, asesor en inteligencia financiera del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y René Fernández, entonces minis­tro de la Secretaría Antico­rrupción.

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Farías, quien no era fun­cionario formal de Sepre­lad hasta junio de 2022, habría trabajado activa­mente en el montaje del informe de inteligencia n.º 10/2022, conocido como “MARA041922MP”, el cual contenía datos pre­suntamente manipulados y falsos.

El Ministerio Público sos­tiene que esta oficina para­lela, ubicada dentro de la Unidad de Investigación Financiera de Seprelad, solicitaba a sus funciona­rios proporcionar informa­ción sensible sobre Cartes, sin una justificación insti­tucional clara. Para elabo­rar el informe confidencial, Farías y Fernández habrían creado un documento en formato Word denominado “AAA_INFORME_DE_INTELIGENCIA_AAA_MJ”, que más tarde fue uti­lizado como base para el informe oficial que fue fil­trado a la prensa. Esta fil­tración habría resultado en titulares de alto impacto mediático, generando un escándalo público con amplias repercusiones polí­ticas.

FACILITÓ PERSECUCIÓN MEDIÁTICA

La información recopilada en dicho informe fue uti­lizada en distintos discur­sos y publicaciones. En un discurso público, el expre­sidente Mario Abdo Bení­tez reveló que Horacio Car­tes, a través de la empresa Tabesa, pagaba un salario de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de Seprelad, para garantizar su silencio. La prensa también difundió detalles, y Mauri­cio Espínola, secretario pri­vado adjunto del entonces presidente, compartió en redes sociales cifras sobre los ingresos de Santiago Peña en su rol de directivo del Banco Basa.

Para la Fiscalía, la parti­cipación de Farías y Fer­nández en la elaboración de este informe y la filtra­ción de datos confidenciales habrían cumplido un doble propósito: facilitar la per­secución mediática de figu­ras opositoras y respaldar la emisión de un documento de inteligencia que sirviera de base para la denuncia de Arregui contra Cartes ante el Ministerio Público.

HECHOS PUNIBLES IMPUTADOS A LA ESTRUCTURA DE ABDO BENÍTEZ

Según la imputación, Mario Abdo Benítez y los involucrados, entre ellos Farías, Arregui y Giuzzio, enfrentan acusaciones por revelación de secretos privados, simulación de hechos punibles, usurpación de funciones y asociación criminal, entre otros delitos. En particular, a Farías se le atribuye su rol en la elaboración y divulgación de información secreta para fines políticos, en un esquema sin precedentes en Paraguay, donde los recursos del Estado habrían sido utilizados para desestabi­lizar a figuras opositoras.

PEDIDO DE LA DEFENSA DE DANIEL FARÍAS

El Abog. Alfredo Enrique Kronawetter, en defensa de Daniel Farías Kronawetter, solicitó a la Corte la nulidad de la amplia­ción hasta el 11 de marzo de 2025 del plazo para que los fiscales Guillermo Sanabria, Fabiola Molas y Osmar Segovia finalicen su investigación.

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