El representante legal de Daniel Alberto Farías Kronawetter solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare la nulidad absoluta de la prórroga extraordinaria de seis meses otorgada por el Tribunal de Apelación Penal, 4.ª Sala de la Capital, al Ministerio Público. Este funcionario está imputado en la causa de la filtración de la Seprelad. Es la pieza clave en la oficina paralela montada para perseguir a los enemigos políticos del abdismo.
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el Ministerio Público reveló la existencia de un esquema en el cual la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) habría operado una “oficina paralela” para investigar y debilitar a figuras políticas como Horacio Cartes y Santiago Peña. Según la investigación, esta estructura clandestina fue diseñada para perseguir a opositores políticos y así socavar sus posiciones económicas y electorales.
LA DIRECCIÓN DEL ESQUEMA
El esquema, presuntamente dirigido por el exministro de la Seprelad Carlos Arregui, junto con Carmen Pereira en roles clave dentro de la institución, contaba también con la participación de Daniel Farías Kronawetter, asesor en inteligencia financiera del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción.
Farías, quien no era funcionario formal de Seprelad hasta junio de 2022, habría trabajado activamente en el montaje del informe de inteligencia n.º 10/2022, conocido como “MARA041922MP”, el cual contenía datos presuntamente manipulados y falsos.
El Ministerio Público sostiene que esta oficina paralela, ubicada dentro de la Unidad de Investigación Financiera de Seprelad, solicitaba a sus funcionarios proporcionar información sensible sobre Cartes, sin una justificación institucional clara. Para elaborar el informe confidencial, Farías y Fernández habrían creado un documento en formato Word denominado “AAA_INFORME_DE_INTELIGENCIA_AAA_MJ”, que más tarde fue utilizado como base para el informe oficial que fue filtrado a la prensa. Esta filtración habría resultado en titulares de alto impacto mediático, generando un escándalo público con amplias repercusiones políticas.
FACILITÓ PERSECUCIÓN MEDIÁTICA
La información recopilada en dicho informe fue utilizada en distintos discursos y publicaciones. En un discurso público, el expresidente Mario Abdo Benítez reveló que Horacio Cartes, a través de la empresa Tabesa, pagaba un salario de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de Seprelad, para garantizar su silencio. La prensa también difundió detalles, y Mauricio Espínola, secretario privado adjunto del entonces presidente, compartió en redes sociales cifras sobre los ingresos de Santiago Peña en su rol de directivo del Banco Basa.
Para la Fiscalía, la participación de Farías y Fernández en la elaboración de este informe y la filtración de datos confidenciales habrían cumplido un doble propósito: facilitar la persecución mediática de figuras opositoras y respaldar la emisión de un documento de inteligencia que sirviera de base para la denuncia de Arregui contra Cartes ante el Ministerio Público.
HECHOS PUNIBLES IMPUTADOS A LA ESTRUCTURA DE ABDO BENÍTEZ
Según la imputación, Mario Abdo Benítez y los involucrados, entre ellos Farías, Arregui y Giuzzio, enfrentan acusaciones por revelación de secretos privados, simulación de hechos punibles, usurpación de funciones y asociación criminal, entre otros delitos. En particular, a Farías se le atribuye su rol en la elaboración y divulgación de información secreta para fines políticos, en un esquema sin precedentes en Paraguay, donde los recursos del Estado habrían sido utilizados para desestabilizar a figuras opositoras.
PEDIDO DE LA DEFENSA DE DANIEL FARÍAS
El Abog. Alfredo Enrique Kronawetter, en defensa de Daniel Farías Kronawetter, solicitó a la Corte la nulidad de la ampliación hasta el 11 de marzo de 2025 del plazo para que los fiscales Guillermo Sanabria, Fabiola Molas y Osmar Segovia finalicen su investigación.