José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), junto con Alicia Olazar, directora de Auditoría del IPS, coincidieron en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, en que el Ministerio Público no tenía falta de pruebas para proceder con la imputación a Vicente Bataglia, extitular de la previsional.
“Estamos sorprendidos por la actitud prematura del Ministerio Público. Nosotros consideramos que estaban dadas las condiciones para que se formule una imputación, no solo contra las autoridades pasadas del instituto, sino también con aquellas personas que ejercieron cargo de gerente”, sentenció.
CONFIANZA EN EL JUEZ PENAL DE GARANTÍAS
González puntualizó que la Fiscalía debió haber aguardado los resultados de la auditoría interna del IPS, así como también de la auditoría externa. Recordó que se habían elaborado una serie de investigaciones, entre ellas se encuentra lo referente al fideicomiso y si se hicieron o no las obras proyectadas con el mismo.
“Confiamos en el juez penal de Garantías, que de trámite de oposición, agotar la instancia y ver si los fiscales se ratifican o rectifican”, indicó, aparte de aclarar que el Ministerio Público ni siquiera contó con un perito contable para llegar a la conclusión de desestimar la denuncia contra Bataglia.
AUDITORÍA PENDIENTE
“El requerimiento de desestimación contiene cinco puntos, que hablan sobre diferencias en saldos presupuestarios, diferencias entre registraciones, etc. Entiendo que la Fiscalía calificó que los hechos corresponderían a diferencias administrativas y no a hechos punibles”, remarcó.
No obstante, hay un informe pendiente por la auditoría sobre uno de los puntos, el cual trata de los préstamos adquiridos por el IPS. Ratificó la importancia de que el Ministerio Público espere primeramente a los resultados del mencionado informe, los cuales podrían darse a conocer en 30 días.
Entre algunas de las irregularidades detectadas se encuentra la verificación de un préstamo sacado por la previsional, el cual supera el presupuesto cuando esto está prohibido por ley. Se hablaría de un perjuicio patrimonial, sin mencionar la falta de identificación sobre la utilización del préstamo.
“La auditoría corresponde a causas abiertas. Líneas de crédito sindicadas, su utilización, saldo inicial de caja, son cuestiones conexas”, señaló Olazar, con respecto al contenido del proceso llevado adelante desde la Dirección de Auditoría del IPS.