José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), junto con Alicia Ola­zar, directora de Auditoría del IPS, coincidieron en “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, en que el Ministe­rio Público no tenía falta de pruebas para proceder con la imputación a Vicente Bataglia, extitular de la pre­visional.

“Estamos sorprendidos por la actitud prematura del Minis­terio Público. Nosotros con­sideramos que estaban dadas las condiciones para que se formule una imputación, no solo contra las autoridades pasadas del instituto, sino también con aquellas perso­nas que ejercieron cargo de gerente”, sentenció.

CONFIANZA EN EL JUEZ PENAL DE GARANTÍAS

González puntualizó que la Fiscalía debió haber aguar­dado los resultados de la auditoría interna del IPS, así como también de la audito­ría externa. Recordó que se habían elaborado una serie de investigaciones, entre ellas se encuentra lo referente al fideicomiso y si se hicieron o no las obras proyectadas con el mismo.

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“Confiamos en el juez penal de Garantías, que de trámite de oposición, agotar la instancia y ver si los fiscales se ratifican o rectifican”, indicó, aparte de aclarar que el Ministerio Público ni siquiera contó con un perito contable para llegar a la conclusión de desestimar la denuncia contra Bataglia.

AUDITORÍA PENDIENTE

“El requerimiento de des­estimación contiene cinco puntos, que hablan sobre diferencias en saldos presu­puestarios, diferencias entre registraciones, etc. Entiendo que la Fiscalía calificó que los hechos corresponderían a diferencias administrati­vas y no a hechos punibles”, remarcó.

No obstante, hay un informe pendiente por la auditoría sobre uno de los puntos, el cual trata de los préstamos adquiridos por el IPS. Rati­ficó la importancia de que el Ministerio Público espere primeramente a los resulta­dos del mencionado informe, los cuales podrían darse a conocer en 30 días.

Entre algunas de las irre­gularidades detectadas se encuentra la verificación de un préstamo sacado por la previsional, el cual supera el presupuesto cuando esto está prohibido por ley. Se hablaría de un perjuicio patrimonial, sin mencionar la falta de iden­tificación sobre la utilización del préstamo.

“La auditoría corresponde a causas abiertas. Líneas de crédito sindicadas, su utiliza­ción, saldo inicial de caja, son cuestiones conexas”, señaló Olazar, con respecto al con­tenido del proceso llevado adelante desde la Dirección de Auditoría del IPS.

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