A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurí­dica de la Presidencia se logró evitar el pago de USD 16 millo­nes al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús.

El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este impor­tante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño prin­cipal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente, si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mí la demolición es el perjui­cio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destru­yeron todo lo que se edificó y ellos son el ministro (del MOPC) y el presidente ante­rior”, expresó en referencia a Arnoldo Wiens y Mario Abdo, respectivamente.

En conversación con “Buena tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo que deter­minó el Tribunal es que se podía rescindir el con­trato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a signi­ficar el legado de un gobierno que ellos querían deslegiti­mar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del metrobús, que iba a incorpo­rarle a Asunción un meca­nismo de transporte de van­guardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.