La sala penal de la Corte Suprema de Justi­cia integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gus­tavo Santander debe destra­bar una vez más el proceso penal que enfrenta el expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla, imputados por siete hechos punibles que tienen relación con el caso conocido como fil­tración de la Seprelad.

El abogado Emilio Fuster, defensor del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, había apelado la resolución del Tribunal de Apelación que ratificó la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien hasta el momento no puede realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares debido a las chicanas que presentan la defensa de los imputados.

Meses atrás la Cámara de Apelación, integrada por los camaristas María Belén Agüero, Digno Arnaldo Flei­tas y Gustavo Aguade, con­firmó la competencia de la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tras estar casi cinco meses trabado el proceso penal que enfrenta Mario Abdo Benítez y su gavi­lla.

La Cámara de Apelación resolvió no hacer lugar a la recusación planteada por Fuster, señalando de que es una recusación sin argu­mentos y que no corresponde a derecho, teniendo en cuenta que el cuestionamiento hacia la magistrada al admitir el acta de imputación de los fiscales Aldo Cantero y Gio­vani Grisetti en el marco de esta causa.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías, Gui­llermo Preda y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado del mandamás Mauricio Espí­nola, por varios hechos puni­bles, a raíz de la elaboración de informes de inteligencia que luego fueron divulgados a la prensa con el fin de atacar políticamente al exmandata­rio Horacio Cartes y el enton­ces candidato presidencial Santiago Peña.

Según el acta de imputación, existen suficientes elemen­tos de convicción que hacen sospechar la existencia de los siguientes delitos: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

Tras haber recusado a la jueza, la camarilla del expre­sidente Mario Abdo Bení­tez presentó otras chicanas contra la Cámara de Apela­ción que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el obje­tivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtraciones de la Seprelad.