“El Banco Atlas no debió hacer los desembolsos, tenía que resguardar que la operación o el objetivo de la fiducia se cumpla”, mencionó la jefa de Dictámenes y Contratos del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorgelina Gómez, al referirse al contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y la entidad bancaria por valor de G. 828.000 millones.

“A través del banco se buscaba resguardar los fondos para un objetivo específico que era la construcción de 4 hospitales. Existió una clausula establecida en el contrato de fideicomiso, para que el Banco Atlas pueda hacer el desembolso se tenía que haber emitido los certificados de obras, que debían estar firmados por el fiscal de obras, por el director de infraestructura, por el gerente administrativo financiero y por el presidente del instituto”, indicó al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

“Resulta ser que el Instituto de Previsión Social es una entidad muy verticalista y su máxima autoridad institucional es el Consejo de Administración. Tuvo que haber sido el Consejo de Administración a través de una resolución, esa es la máxima autoridad institucional del IPS. Ningún funcionario por debajo del Consejo de Administración puede decidir este tipo de situaciones (desembolso) o modificaciones al contrato”, sostuvo.

Acotó: “La información que se tiene (sobre el avance de las investigaciones fiscales) es muy escasa, entiendo que están en una etapa investigativa, que están haciendo las averiguaciones porque esto también pasa mucho por el área de infraestructura, de la gerencia administrativa y financiera para hacer el cruce entre los certificados de obras que existían y los pagos que se realizaron”.

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Santiago Peña rechazó ayer las acusaciones vertidas en su contra de que estaría incurriendo en conflicto de intereses en el marco de las transacciones financieras realizadas entre ueno bank y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Al ser consultado al respecto, el jefe de Estado se refirió al Grupo Zuccolillo, propieta­rio del banco Atlas y el dia­rio Abc Color. “Para nada, creo que acá estamos destapando una olla monumental, de cómo se administraron los recursos, principalmente por el grupo económico al cual vos representás, con tu medio de comunicación, que hoy no quiere que nosotros hablemos del fideicomiso que ellos administran, más de 100 millones de dólares”, indicó el mandatario.

El mandatario manifestó que “estamos cuidando el ahorro de los depositantes, por eso es una campaña mediática mezquina y mentirosa, por­que ustedes les están min­tiendo, como le han mentido históricamente para defen­der los intereses económicos de un grupo, que se llama el Grupo Zuccolillo”.

Con relación a que las inversiones del IPS con ueno bank estaría favore­ciendo al titular del Poder Ejecutivo, Peña agregó que “es una mentira nefasta, le están manipulando a pobres abuelos, a quienes durante cinco años le enga­ñaron cuando ustedes se estaban beneficiando eco­nómicamente”, indicó.

Las declaraciones del presi­dente de la República fueron vertidas a la prensa tras la inauguración del nuevo Pabe­llón Oncológico del Hospital Regional de Villa Hayes.

Sobre el sistema de salud, el jefe de Estado indicó que “aún nos falta mucho por hacer para ofrecer un sis­tema de salud integral y descentralizado para todos los paraguayos, pero nues­tro compromiso es firme y nuestro trabajo será soste­nido hasta que logremos lle­gar a todo el país”.

Previamente, Peña inau­guró también la nueva planta de la Fábrica L’Ace­rie, empresa que permitirá aumentar su capacidad ope­rativa, generando más opor­tunidades laborales para los paraguayos.

La semana pasada la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez solicitó formalmente al titular del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, un informe detallado en el cual explique la operación realizada para la colocación de los bonos por valor de G. 250 mil millones en la firma ueno bank. Pero esta indagación sobre la entidad bancaria tendría aparentemente otros motivos que apuntan a una persecución política a la firma bancaria.

De acuerdo a las informaciones a las que accedieron periodistas de la radio 1020Am, de fuentes judiciales, existiría una intención de apriete político, debido a que el banco privado inició acciones legales para proceder al cobro de millonaria deudas impagas de créditos tomado en su momento por la Concertación Nacional Frente Guasu, que justamente cuenta en sus filas a la única legisladora que logró ingresar por esta nucleación política, que es la senadora Esperanza Martínez.

El informe periodístico de la 1020 Am señala el escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través de pedidos de informes buscan amedrentar a ueno bank, para evitar cumplir con sus compromisos crediticios, que en su momento habían contraído con la firma bancaria privada y que a la fecha no se ha realizado el pago de sus cuotas.

De acuerdo al documento publicado, el oficio judicial realiza un relato de los hechos señala que el 26 de junio del 2023, la entonces Financiera ueno S.A.E.C.A. (actualmente ueno bank) promovió una acción ejecutiva contra la Concertación Nacional Frente Guasu, encabezada por Carlos Filizzola, Oscar Darío Rojas y Aida Maximina Robles de Dibenedetto, por la suma de G. 2.021.219.253; en base al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022, por dicho monto. Esta acción legal fue tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno.

El documento señala, además, que durante la tramitación de dicho juicio civil, las partes se presentaron y opusieron “excepción de falsedad”, alegando que las firmas obrantes en el referido pagaré no les pertenecen. Actualmente, la excepción planteada se encuentra pendiente de resolución.

En cuanto a la relevancia penal el documento legal señala que si no se ajusta a la realidad, es decir que las firmas son auténticas y solo son negadas para eludir el pago de la obligación, deberá analizarse la posibilidad de al menos una tentativa de Estafa.

Entre los antecedentes del documento judicial se señala que las cuentas de la Concertación Nacional Frente Guasu se encuentran embargadas, al igual que se encuentran embargados los bienes del exsenador Carlos Filizzola, firmante de la operación crediticia, en calidad de codeudor solidario.

Por tanto, observando estos documentos que fueron divulgados por el medio de prensa, denota un escandaloso conflicto de intereses y un marcado tráfico de influencias de la senadora Martínez, que a través del pedido de informes, subyace una intención de amedrentar a ueno bank para evitar el pago de su millonaria deuda, que en su momento fue concedido a la nucleación política y que a la fecha no fue honrada.

Este sería el verdadero interés político de la oposición al iniciar una persecución contra ueno bank, buscando no solamente atacar al gobierno de Santiago Peña, sino que al mismo tiempo con el propósito de debilitar a la entidad bancaria, en el intento de no cumplir con las obligaciones crediticias que a la fecha se encuentran en mora y siendo reclamadas judicialmente por el banco.

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El doctor Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) se reunió este lunes con líderes y vicelíderes del Senado para abordar la inversión en bonos financieros, y dijo que la previsional evalúa las propuestas de cinco bancos para adquirir nuevos bonos. Agregó que ueno bank presentó la mejor oferta en el momento en que la entidad requería diversificar sus inversiones, por lo que, a partir de varios dictámenes, el Consejo de Administración decidió realizar el fideicomiso por G. 250.000 millones (USD 32 millones).

“Porque correspondía, porque teníamos en ese momento la disponibilidad, teníamos la plata y para nosotros un dinero a la vista es pérdida para la institución”, expresó Brítez ante la prensa en el Congreso Nacional, respecto a la propuesta con una tasa de interés del 8 % anual y un plazo de 7 años. “Lo que ofreció en ese momento ueno era lo que a nosotros nos convenía, lo que más convenía, por eso el Consejo aceptó esa oferta y nada más”.

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“Hay un equipo técnico, hay una Dirección de Inversiones que es la que se encarga de hacer los análisis correspondientes”, explicó el médico, consultado sobre las ofertas presentadas por otras entidades bancarias. Comentó que ueno bank es uno de los clientes del IPS, ya que son 16 bancos, y que no llega ni al 7 % de todo el capital que tiene la previsional dentro del mercado financiero.

Por detrás de los certificados de depósitos de ahorro y los préstamos a jubilados y otros, IPS invierte el 12 % de su capital en bonos. Actualmente, con el 52 % de los activos, la entidad se encuentra cerca del límite de su capacidad operativa para certificados de depósitos de ahorro, mientras que la compra de bonos permite obtener mejores tasas de interés debido a los plazos más largos.

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