La jueza especializada contra el crimen orga­nizado, Lici Sánchez, manifestó que el narcotra­ficante Jaime Franco Men­doza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, solo podrá ser extra­ditado al Brasil una vez que finalice su condena de 18 años en el Paraguay. “Con relación a la posibilidad de extradición, considero que va a ser de imposible cum­plimiento porque nuestras normativas no nos autori­zan a suspender la ejecución de una sentencia dictada en Paraguay”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que la solicitud de extradición por parte del vecino país data desde el 2021. “Franco está cum­pliendo su condena y no hay manera alguna de que se modifique esto. Esta per­sona tiene otros procesos judiciales, uno por estafa en el departamento de Alto Paraná y ahora tiene una nueva imputación por lavado de dinero. Se van ampliando las investigaciones fisca­les contra esta persona en el Paraguay, entonces todos los procesos deben estar fini­quitados para que pueda ser efectivizado la extradición”, sostuvo.

Actualmente, Franco Men­doza se encuentra recluido en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. La condena de 18 años en su contra por el trá­fico de 359 kilogramos de cocaína provenientes de Boli­via, cargamento que había sido requisado en agosto de 2012 en Minga Guazú, Alto Paraná, fue impuesta en el año 2017.

En un juicio anterior, en 2015, Franco Mendoza fue condenado a 11 años de pri­sión cuando el Tribunal de Sentencia excluyó de su res­ponsabilidad el tráfico de drogas; Pecci apeló y logró elevar la pena. Este hecho sería una de las principa­les motivaciones que habría impulsado a Franco Mendoza a tomar venganza contra el agente fiscal antimafia.

La justicia brasileña requiere a Franco Mendoza para que cumpla condena por tráfico de drogas, posesión de sus­tancias y asociación crimi­nal. El narco se expondría en el vecino país a una pena que podría ir a 55 o 60 años. En el país vecino no se unifican las condenas, sino que se suma la cantidad de años que corres­ponde por cada una.