El juez civil Guillermo Trovato rechazó el pedido de amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que pretendía a través de la garantía constitucional no responder a las consultas de la Comisión Bicameral de Investigaciones contra el lavado de activos. Ade­más de ratificar el carácter legítimo de esta comisión, el juez rechaza de manera in limine porque es impro­cedente e inadmisible, sen­tencia en su fallo.

“La presente acción de amparo constitucional es notoriamente inadmisi­ble; es decir, sin entrar a analizar la fundabilidad de la misma, de los térmi­nos del escrito de promo­ción de demanda, surge que debe ser rechazada debido a su inadmisibilidad”, reza el escrito del juez de Pri­mera Instancia en lo Civil y Comercial, José Guillermo Trovato Fleitas, quien rechaza el amparo promo­vido por la organización sin fines de lucro.

Esta oenegé pretendía evi­tar el control estatal al manejo del dinero recibido del extranjero en concepto de cooperación. De a cuerdo a su página web, “apunta a inci­dir en la calidad de la demo­cracia, en el mejoramiento del sistema judicial, en el for­talecimiento del Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”, accionó ante la Justicia con­tra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para eva­dir el control estatal de sus cuentas.

Semanas atrás, el CEJ había accionado ante la Justicia buscando evitar la entrega de información financiera requerida por la CBI, que investiga posibles irregulari­dades en la gestión de fondos de la organización. La comi­sión de investigación había solicitado informes sobre los montos recibidos, gastos realizados y documentos comprobantes vinculados al programa de asistencia inter­nacional correspondiente al periodo de enero de 2022 a junio de 2024.

No obstante, el CEJ argu­mentó que dichos documen­tos contenían información confidencial que afectaba a terceras personas, por lo cual se negó a proporcionar­los, alegando la protección de la privacidad en el marco del Convenio de Asistencia para el Desarrollo entre los Esta­dos Unidos (Usaid) y Para­guay.

Este fallo judicial forta­lece la postura de la CBI en su esfuerzo por asegurar la transparencia y el control estatal sobre el uso de fon­dos públicos y de coopera­ción internacional.