El proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) consta de dos grandes matrices: desarrollar más seguridad jurídica y continuar con el sistema de modernización del Estado, puntualizó ayer Roberto Moreno, ministro asesor jurídico de la Presidencia, a través de una entrevista de la Vocería del Gobierno, en que también fue abordado el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón.

“Se decidió que el Poder Judicial esté a cargo del registro y se encargue de llevar los procesos. Además, se empezó a trabajar de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo y Judicial, logrando lo que nunca antes se vio en un proyecto: que la iniciativa esté firmada por dos poderes del Estado”, señaló Moreno, recordando que uno de los problemas del registro es la existencia de tres ventanas burocráticas para el ciudadano: una en el Poder Judicial, a través del Registro Público; otra bajo el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Geodesia; y otra bajo el Ministerio de Economía, con la Dirección de Catastro.

Por su parte, el ministro de la CSJ indicó que, en principio, dentro de lo que resta del mes de setiembre, el Senado estaría concluyendo la revisión de la normativa para avanzar el proceso legislativo. “La norma no será efectiva hasta un año después y durante ese tiempo realizaremos un trabajo muy grande para la unificación de la tramitación. Lo que propició este proyecto es el problema de los inmuebles, de modo tal a poder solucionarlo”, refirió Martínez Simón.

El Registro Unificado Nacional (RUN) permitirá conocer las cantidades de titulaciones superpuestas de terrenos. “El proyecto es muy claro en dejar en manos del Poder Judicial, como corresponde constitucionalmente, la resolución de estos conflictos. La propuesta tiene más de 200 artículos y ahora está a consideración del Poder Legislativo”, recalcó el magistrado.