El proyecto de ley que pretende crear un fondo para la cobertura de gas­tos ocurridos por acciden­tes de tránsito o sinies­tros viales ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Varios senadores mani­festaron su intención de acompañar esta iniciativa que está pendiente de su tratamiento en la Cámara Alta.

“Es un primer paso para resolver un grave pro­blema desde el Estado, dado que hasta la fecha instituciones como la Dirección de Beneficen­cia y Ayuda Social (Diben), Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapa­cidad (Senadis) y el Hos­pital de Trauma solo pue­den atender al 30 % de los damnificados por la verda­dera epidemia de acciden­tes de tránsito que ocurre en nuestro país”, expresó Hugo Meza.

En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador de la bancada B del Par­tido Colorado manifestó que el 70 % de los gastos derivados de un accidente de tránsito son cubiertos por los propios afecta­dos mediante actividades benéficas como polladas o rifas, puesto que las ins­tituciones encargadas no cuentan con los recursos suficientes.

Ante esta problemática, surgió la necesidad de contar con un fondo espe­cial;no obstante, el legis­lador aclaró que esta no es la solución definitiva para estos casos. “El propio Poder Ejecutivo ya dio su parecer, de hecho me reuní con el ministro de Econo­mía para hablar de la ley que está en trámite. Hay que entender que es una ley transitoria hasta tanto se avance en reflotar el seguro obligatorio”, explicó.

Esta iniciativa ya fue remi­tida a la Cámara Alta, donde está pendiente de ser tratada y varios sena­dores ya han extendido su intención de acompañar el proyecto para su apro­bación. El fondo obten­drá sus recursos de cua­tro fuentes, la primera de ellas son las asignaciones y recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación para la Diben y la Senadis.

Como segunda fuente se menciona a los montos reci­bidos en concepto de reparación social realizadas por las personas que hayan come­tido hechos punibles por exposición al peligro en el tránsito. “En ningún caso los fiscales y jueces darán sali­das alternativas al proceso por el hecho punible mencio­nado”, dice el proyecto.

Como tercer mecanismo para fondear, se establece el cobro de G. 10.000 que serán percibidos anual­mente por cada persona que renueve o solicite una licencia de conducir para cualquier tipo de vehículo, incluyendo motocicletas. Como cuarto mecanismo de recaudación se estable­ció que el 100 % de los recur­sos generados de la recauda­ción del impuesto al valor agregado (IVA) por la venta de todas las motocicletas o vehículos similares impor­tadas se destinen al fondo.