Dentro de este modelo se establecen modifi­caciones para mejo­rar el servicio, hacer más rentable y generar una parti­cipación activa del ciudadano en cuanto al control.

“Es el momento de la imple­mentación de la reforma”, expresó el viceministro Emi­liano Fernández, quien indicó que cerca de 600.000 perso­nas utilizan diariamente el transporte público. “Tene­mos un desafío muy grande, pero que ya no tiene marcha atrás, hemos tomado la deci­sión de iniciar el proceso de cambio del sistema de trans­porte público”, aseveró.

Fernández estuvo como invi­tado en “Fuego cruzado”, programa emitido por GEN/Nación Media, donde mani­festó que el sistema actual ya no funciona, no tiene sentido hacer reformas por partes, por lo que el Gobierno tomó esta decisión que contempla la incorporación de 1.000 nuevos buses.

“Cuando la ley ya está apro­bada van a convivir los dos sistemas, los contratos vigen­tes seguirán porque hay un tema de seguridad jurídica que debemos trabajar, los contratos firmados hay que respetarlos”, aclaró e indicó que la reforma establece que la licitación de los itinerarios de modo de hacer un sistema más competitivo. Se prevé distintos tipos de contratos, por lo que las empresas ten­drán la posibilidad de provee­doras de flotas de transporte.

“El nuevo modelo que esta­mos planteando va a sepa­rar los contratos de provi­sión de flota, de operación de infraestructura, las paradas, terminales y otras asociadas al servicio. El Estado podría comprar los buses si hay una decisión política y en ese caso se va a convertir en el provee­dor de flota que lo va a operar otra persona”, expuso el ase­sor jurídico del Viceministe­rio, Renzo Cristaldo.

La propuesta apunta a cam­biar el modelo de negocio de modo a que las empresas pue­dan robustecer su capacidad financiera y hacer más ren­table y con mayor capacidad de ofrecer mejor calidad. La ciudadanía también tendrá un rol clave, pues se creará un organismo donde ellos serán parte importante del monito­reo a la implementación del sistema.

“Se va a crear un Foro de Participación Ciudadana, un espacio obligatorio de aten­ción al ciudadano, eso para nosotros es relevante, hablar con la ciudadanía de forma permanente, que será el con­tralor de los planes de imple­mentación de la reforma y va a ser un custodio y atemporal a los ciclos de gobierno, va a dar impulso para continuar con las decisiones correctas”, sostuvo.

Desde el Viceministerio indi­caron que la etapa actual de socialización tanto con orga­nizaciones civiles, empresas y trabajadores del transporte, como otras instituciones tomará unos 20 días. En este tiempo, se realizarán ade­cuaciones e incorporaciones al proyecto para posterior­mente remitirlo al Congreso para su estudio.