Un grupo de senadores de la oposición presentó la iniciativa “que regula la prestación de servicios de seguridad privada”, que tiene como finalidad regular y mejorar las condiciones laborales de aproximadamente 60.000 trabajadores del sector de seguridad privada, una cifra que casi duplica la cantidad de efectivos de la Policía Nacional.

Señalan que la propuesta apunta a corregir prácticas abusivas, como la imposición a los guardias de seguridad de costear sus uniformes, armas y capacitación, lo que ha provocado que muchos trabajadores reciban remuneraciones insuficientes. Asimismo, en la exposición de motivos sostienen que se pretende regular las empresas que operan de manera irregular, afectando tanto a los trabajadores como a las empresas que cumplen con la normativa vigente. El proyecto impulsado por Esperanza Martínez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola y que ya logró el respaldo político del presidente del Congreso Nacional, el colorado oficialista Basilio “Bachi” Núñez, posee 5 capítulos que abarcan disposiciones generales, actividades empresariales, clasificación de servicios, relaciones laborales, y regulaciones sobre el uso de las armas, transporte y los medios de comunicación.

La propuesta también contempla un régimen de sanciones y disposiciones sobre el adiestramiento del personal. El documento estuvo en estudio durante casi un año y contó con la participación de diversos sectores, incluidos sindicatos, empresarios, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Policía Nacional.