Desde el Ministerio de Relaciones Exterio­res informaron que Paraguay y Argentina han alcanzado un entendimiento operativo entre el Centro de Armadores Fluviales y Marí­timos del Paraguay (Cafym) y la Administración General de Puertos del vecino país res­pecto al peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay.

“El entendimiento consiste en la aplicación por parte de la Administración General de Puertos de Argentina de una bonificación y compensación que ajusta la tarifa de peaje a 0,80 dólares estadouniden­ses por Toneladas de Regis­tro Neto (TRN) a ser ejecu­tada de manera retroactiva desde febrero de 2023, en que se hizo efectiva la medida, hasta agosto de 2024″, señala el comunicado de prensa de Cancillería.

Asimismo, se ha fijado una tarifa provisoria de USD 1,20 por TRN que será apli­cada por un plazo de seis meses a partir de setiembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025. Además de esto, se contempla un mecanismo de compensación y crédito a aquellos armadores que paga­ron la tarifa originalmente establecida, que ascendía a USD 1,47 por tonelada.

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“El entendimiento fue alcan­zado a partir de un análisis e intercambio de información exhaustivos respecto a la evolución del nivel de inver­sión en el tramo, la revisión del alcance de los servicios requeridos y prestados, la frecuencia de tráfico de las embarcaciones registradas, entre otros componentes revisados”, explicaron.

Este consenso entre ambos países representa también un avance en la resolución de esta controversia que fue instalada y servirá de insumo para la evaluación que involucra también a los demás países firmantes del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que son Bolivia, Bra­sil y Uruguay, que deben reu­nirse en el Comité Intergu­bernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

La Comisión Nacional de Hidrovía está coordinada por la Cancillería, pero tam­bién la integran otras institu­ciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC), Administra­ción Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Prefec­tura General Naval, Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF), Cafym y otras insti­tuciones, además de repre­sentantes del sector privado.

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