España rechazó el domingo las acusaciones de Venezuela de fomentar un plan para “desestabilizar” el gobierno de Caracas, después de que tres estadounidenses, dos españoles y un checo fueran detenidos en el país latinoamericano por vinculaciones a un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro.

“España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela”, dijo a AFP una fuente del Ministerio español de Relaciones Exteriores. El gobierno “ha constatado” que los dos detenidos españoles “no forman parte” de la agencia de espionaje española CNI “ni de ningún otro organismo estatal”, indicó la fuente.

“España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”, añadió. El gobierno de Venezuela anunció ayer sábado la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo por estar relacionados con un supuesto complot para atacar al presidente Nicolás Maduro y “desestabilizar” el país.

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Los arrestos se producen en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y España por las controvertidas elecciones del 28 de julio en las que Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude. El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros arrestados están involucrados en planes “terroristas” que incluían atentar contra la vida del presidente Maduro y desestabilizar el país.

Cabello identificó a los detenidos como Wilbert Josep Castañeda, “militar activo” de Estados Unidos y “jefe” del plan, y otros dos estadounidenses, así como los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, y un ciudadano checo. El ministro vinculó los supuestos planes para “atacar” Venezuela a los centros de inteligencia de España, de Estados Unidos, y a la líder opositora María Corina Machado y otros dirigentes.

Los dos españoles fueron capturados en Puerto Ayacucho, en el sur, y “son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar al país”, dijo Cabello. También acusó al gobierno de Estados Unidos de estar vinculado a la operación, unas afirmaciones que Washington negó tajantemente.

“Cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar a Maduro es categóricamente falsa. Estados Unidos sigue apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela”, dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense.

Los dos ciudadanos españoles estaban de vacaciones en Venezuela, aseguró el padre de Martínez Adasme al diario El Mundo. “Mi hijo no trabaja para el CNI, claro que no”, afirmó. “Estamos esperando información por vía consular y de la embajada”, explicó, “aún no sabemos bajo qué acusación o motivo lo han detenido”.

La tensión entre Madrid y Caracas aumentó en los últimos días después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara hace una semana a España para pedir asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, donde es solicitado por la justicia.

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En respuesta, Venezuela llamó a consultas a su embajadora en Madrid y citó al embajador español en Caracas para protestar por los cuestionamientos a la reelección de Maduro. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió esta semana en La Moncloa con González Urrutia.

Sánchez no reconoce la victoria de Maduro, pero tampoco la de su rival. Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales. Washington, que reconoce la victoria de la oposición, anunció por su parte esta semana sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta del Tribunal Supremo, por el “fraude electoral” del 28 de julio. Venezuela lo recibió como una “agresión” y Maduro condecoró a cuatro militares objeto de las sanciones.

Fuente: AFP

Venezuela no permitirá una “acción injerencista” de España, dijo ayer viernes el canciller Yván Gil en medio de una crisis diplomática generada por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo que le será concedido a su rival opositor en Madrid. Gil recibió en la cancillería al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para expresar la “postura contundente del gobierno venezolano”, según un mensaje publicado en Telegram.

“No permitiremos ninguna acción injerencista”, escribió el canciller, un día después de llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez. La tensión en las relaciones bilaterales aumentó en los últimos días, después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia llegara el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país, y aumentó por un comentario de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que tildó de “dictadura” al gobierno de Maduro.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival. Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales, que según la oposición demuestran su victoria.

Pese a la tirantez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, recientemente nombrada ministra de Petróleo, se reunió este viernes con Luis García Sánchez, directivo de la trasnacional energética española Repsol en el país caribeño. “Ambas partes abordaron alianzas estratégicas” para la “exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos”, según un mensaje de la estatal venezolana PDVSA.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó la llamada a consultas de su par venezolano. Son “decisiones soberanas”, zanjó Albares en declaraciones a la radio pública RNE, en la que dijo que trabaja por tener “las mejores relaciones posibles” con Venezuela. “No hay nada que comentar”, manifestó.

El gobierno español está bajo presión. El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados le exigió a Sánchez reconocer a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio. En respuesta, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. “¡Que se vayan de aquí todos!”, clamó.

Se estima que unos 280.000 venezolanos viven en España, entre ellos varios dirigentes opositores exiliados. Unos 136.000 españoles, en tanto, viven en Venezuela. El jueves, Sánchez recibió a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró en la red social X que “España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales” en Venezuela.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reiteró este viernes que “las elecciones no las ha ganado Maduro” aunque sin reconocer a González Urrutia, a quien invitó a Bruselas. “Por desgracia en estos temas no hay varitas mágicas”, dijo en rueda de prensa en Madrid. “Los reconocimientos pueden tener un valor simbólico, pero no cambian la realidad”.

La escalada con España coincide con el anuncio del jueves de Washington de sanciones a 16 funcionarios venezolanos, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y militares como el jefe operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez.

“No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar”, respondió este viernes la Fuerza Armada en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el resto del alto mando, que suele declarar “lealtad absoluta” a Maduro. Padrino fue sancionado en 2018.

Según Estados Unidos, que reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente”. Maduro condecoró a los cuatro militares blanco de sanciones, que tachó de “ridículas”. “Lo que ellos (EE. UU.) nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman a nuestra Venezuela”, dijo el mandatario.

La Corte Suprema, la autoridad electoral y el Parlamento también condenaron las medidas de Washington, que amenazó con “decisiones adicionales” si el escrutinio sigue sin publicarse. “Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados”, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Fuente: AFP.

Un grupo de 24 exministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica expresó su rechazo a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de revocar la custodia que Argentina otorgó a Brasil sobre su sede diplomática en Caracas (Venezuela), así como lamentó el asilo forzado del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia a España. Los excancilleres publicaron sendos comunicados ayer domingo, que incluyen a dos diplomáticos paraguayos, Eladio Loizaga y José Antonio Moreno Ruffinelli.

“El grupo de excancilleres de Latinoamérica hemos estado siguiendo de lo que viene pasando ya hace tiempo en Venezuela y que merecía una posición firme de este grupo de excancilleres que ha tratado por mucho tiempo, en diversas oportunidades con la administración de Maduro”, expresó el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, este lunes, en comunicación con La Nación/Nación Media, sobre las manifestaciones que apoya junto a colegas de diez naciones.

El embajador Loizaga señaló que el gobierno de Maduro no está respetando las normas internacionales en el caso puntual de la embajada argentina. “Debe otorgar este cuidado, por la cual Brasil asume, de los intereses de Argentina en Venezuela, así como de la sede diplomática. Por sobre todo la garantía física de los seis asilados que se encuentran en esa embajada”, refirió a LN.

Desde marzo pasado, la embajada argentina denunció el asedio de las fuerzas chavistas tras asilar a seis opositores y, en julio pasado, tras el cruce diplomático por la falta de transparencia con los resultados electorales, Argentina retiró a sus funcionarios ante una amenaza de Maduro de expulsarlos. “También hemos solicitado en ese comunicado, las garantías que el gobierno de Maduro debe dar, tanto a la sede de la embajada argentina en Caracas, como respetar la integridad física de los asilados políticos venezolanos que se encuentran en la sede de la embajada argentina”, refirió Loizaga.

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El primer comunicado señala: “Ex ministros y ministras de Relaciones Exteriores de países latinoamericanos, abajo firmantes, expresamos nuestro rechazo a la decisión que unilateralmente tomara el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de revocar el beneplácito que diera a la República Federativa del Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y la custodia de sus instalaciones y bienes, en abierta violación a las normas de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares de la cual el gobierno venezolano es parte”.

“Esta violación a las normas del derecho internacional merece señalar que será de exclusiva responsabilidad del Gobierno Bolivariano de Venezuela la suficiente garantía a la sede de la Embajada de la República Argentina así como por la integridad física de los ciudadanos venezolanos asilados en esa sede, conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y otras normas internacionales del derecho humanitario. Alentamos para que esta decisión violatoria del derecho internacional sea revertidla en el plazo más breve. Nuestra solidaridad con la República Argentina y la República Federativa del Brasil frente al momento que les toca enfrentar”, finaliza.

El siguiente comunicado expresa: “Los ex ministros y ministras de Relaciones Exteriores de Latinoamérica abajo firmantes, lamentamos que el candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González se haya visto forzado a pedir asilo político a España, donde viajó con salvoconducto, para salvaguardar su integridad física ante la persecución política y amenazas directas en su contra por parte del régimen de Nicolás Maduro”.

Continúa: “El régimen venezolano ha sido incapaz de mostrar las actas de votación desagregadas por mesa para someterlas a escrutinio independiente con presencia internacional. En cambio, el gobierno pasó a reprimir a la disidencia, la Fiscalía del régimen acusó a González de sabotaje, instigación a la desobediencia de las leyes y varios otros supuestos delitos, en tanto un juez con competencia en materias de terrorismo, en un país sin separación de poderes, ordenó la detención del líder opositor”.

“Por último, demandamos que se respete la integridad física, libertad y los derechos fundamentales de María Corina Machado y otros dirigentes opositores, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, concluye y firman: Francisco Álvarez de Soto (Panamá), Jorge Castañeda (México), Mariano Fernández (Chile), Carlos Figueroa Serrano (Chile), Alejandro Foxley (Chile), Luis Gallegos (Ecuador), Diego García Sayán (Perú), Manuel A. González (Costa Rica), María Angela Holguín (Colombia), José Miguel Insulza (Chile), Eladio Loizaga (Paraguay), Carlos Raúl Morales (Guatemala), Susana Malcorra (Argentina), José Antonio Meade (México), José Antonio Moreno Ruffinelli (Paraguay), Heraldo Muñoz (Chile), Rodolfo Ninfas Novoa (Uruguay), Aloysio Nunes (Brasil), Claudia Ruiz Massieu (México), Isabel de Saint Malo (Panamá), Roberto Tovar Faja (Costa Rica) e Ignacio Walker (Chile).

- Excancilleres de Latinoamérica emitieron un comunicado rechazando la decisión del gobierno de Maduro que revoca permiso a Brasil para proteger embajada argentina.

- Solicitan las garantías tanto a la sede diplomática de Argentina como la integridad de los asilados.

- El excanciller Eladio Loizaga sostuvo que siguen de cerca la situación de Venezuela.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, expresó su apoyo político al diplomático y candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia tras concretarse este domingo su exilio en España. El parlamentario hizo a la vez un llamado al respeto de la voluntad popular.

“Repudio y condeno al dictador Nicolás Maduro, el que gana la elecciones es exiliado. Esto no puede quedar así, la comunidad internacional debe reaccionar. Como presidente del Congreso de la Nación de la República del Paraguay exijo el respeto a la voluntad popular”, afirmó el legislador mediante sus redes sociales.

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El exilio del excandidato a mandatario se concretó luego de que el Ministerio Público venezolano haya solicitado a un tribunal con competencia en terrorismo una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos relacionados con los comicios del pasado 28 de julio, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

González Urrutia, de 75 años de edad, quien denuncia un gran fraude electoral por parte del gobierno de Nicolás Maduro en los pasados comicios presidenciales, fue llamado a declarar en la Fiscalía en tres oportunidades. No asistió, aunque la tercera citación coincidió con un apagón en todo el país, el pasado viernes 30 de agosto. Desde la clandestinidad, el diplomático argumentó que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.

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