Los gobiernos de Paraguay, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, emitieron un comunicado conjunto, en el cual rechazan la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidando la reelección de Nicolás Maduro en la presidencia de este país.

Los países suscriptores reiteran que “solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”.

Así también, señalan que seguirán insistiendo en el respeto de la voluntad popular. “Al igual que el respeto de la comunidad democrática internacional, continuaremos insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que el pasado 28 de julio se pronunció de manera pacífica y contundente”, indica el escrito.

El comunicado también refiere que estos países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se haya impedido el acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de las actas.

“La misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela alertó sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones, tanto el CNE y como el TSJ”, refiere la nota.

“Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos”.

“Un golpe de Estado se consuma con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que declara oficialmente a Nicolás Maduro como presidente, dictador de un régimen, ignorando la voluntad popular del pueblo venezolano”.

“Los resultados electorales en Venezuela sencillamente no pueden ser ratificados, no existió una revisión transparente e independiente y contradicen lo que se percibe con claridad en cuanto a la voluntad del pueblo venezolano”.