La reciente integración de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la incorporación del magistrado Gustavo Santander y la designación de Manuel Ramírez como preopinante, ha renovado las expectativas sobre el avance en la causa que involucra al expresidente Mario Abdo Benítez y a varios de sus exministros.
Este proceso judicial se centra en la grave filtración de información en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), un caso emblemático debido a que esta entidad fue utilizada para ser un garrote político.
Los abogados de la defensa, en representación de Abdo Benítez y su círculo cercano, han desplegado una estrategia judicial basada en la presentación de múltiples recusaciones, con el objetivo de cuestionar la imparcialidad de los magistrados, tanto de primera como de segunda instancia. Esta táctica, común en casos de alto perfil, ha prolongado considerablemente el proceso, llevando la decisión final sobre la admisibilidad de estas recusaciones a la máxima instancia judicial del país.
La controversia en torno a Seprelad, una entidad clave en la lucha contra el lavado de dinero en Paraguay, se intensificó cuando salieron a la luz documentos confidenciales que revelaban supuestas operaciones sospechosas que fueron fraguadas para vincularlas a figuras del ámbito político y empresarial. La gravedad de esta filtración no solo puso en entredicho la seguridad de la información en manos del Estado, sino que también arrojó sombras sobre la administración de Abdo Benítez, que no dudó en utilizar el aparato del Estado para perseguir a sus enemigos políticos.
Con la nueva configuración de la Sala Penal, se espera que el caso pueda destrabarse y avanzar hacia una resolución. La designación de Ramírez como preopinante sugiere que las recusaciones presentadas contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas podrían resolverse en breve, lo que permitiría al tribunal enfocarse en el fondo de la cuestión: la determinación de la responsabilidad de los acusados en los hechos punibles que se les imputan.
En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.