La reciente integra­ción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la incorpo­ración del magistrado Gus­tavo Santander y la desig­nación de Manuel Ramírez como preopinante, ha reno­vado las expectativas sobre el avance en la causa que invo­lucra al expresidente Mario Abdo Benítez y a varios de sus exministros.

Este proceso judicial se cen­tra en la grave filtración de información en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), un caso emblemático debido a que esta entidad fue utilizada para ser un garrote político.

Los abogados de la defensa, en representación de Abdo Benítez y su círculo cercano, han desplegado una estrate­gia judicial basada en la pre­sentación de múltiples recu­saciones, con el objetivo de cuestionar la imparcialidad de los magistrados, tanto de primera como de segunda instancia. Esta táctica, común en casos de alto perfil, ha prolongado considerable­mente el proceso, llevando la decisión final sobre la admisi­bilidad de estas recusaciones a la máxima instancia judi­cial del país.

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La controversia en torno a Seprelad, una entidad clave en la lucha contra el lavado de dinero en Paraguay, se inten­sificó cuando salieron a la luz documentos confidenciales que revelaban supuestas ope­raciones sospechosas que fueron fraguadas para vincularlas a figuras del ámbito político y empresarial. La gravedad de esta filtración no solo puso en entredicho la seguridad de la información en manos del Estado, sino que también arrojó sombras sobre la admi­nistración de Abdo Benítez, que no dudó en utilizar el apa­rato del Estado para perseguir a sus enemigos políticos.

Con la nueva configuración de la Sala Penal, se espera que el caso pueda destrabarse y avanzar hacia una resolución. La designación de Ramírez como preopinante sugiere que las recusaciones pre­sentadas contra los cama­ristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas podrían resolverse en breve, lo que permitiría al tribunal enfocarse en el fondo de la cuestión: la determinación de la responsabilidad de los acusados en los hechos puni­bles que se les imputan.

En el presente caso, están imputados: Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y Mauri­cio Espínola. Los supuestos delitos cometidos que se les atribuyen son: revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de fun­ciones públicas y asociación criminal.

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