El pasado 1 de agosto, el Poder Ejecutivo firmó el decreto que reglamenta la Ley 7021 “De suministros y compras públicas”, el cual incorpora parámetros claros para dar seguridad jurídica, tanto a los oferentes como al Estado, explicó Óscar Lovera, vice­ministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Apuntamos a que este pro­ceso, las reglas sean claras, que todos los actores, en este caso los que son proveedores del Estado como las convo­cantes tengan reglas claras y no haya controversias al momento de un proceso de licitación y al ejecutar un con­trato firmado”, detalló.

Agregó que este decreto corrige ciertos aspectos de la anterior reglamentación que fue emi­tida el último día del gobierno de Mario de Abdo, es decir, el 14 de agosto de 2023. De acuerdo a lo expuesto, en dicho docu­mento había ciertas lagunas y criterios que no estaban bien delimitados respecto a la inter­vención que debían tener los diferentes actores.

“Es un paso más adelante de lo que era la anterior Ley 2051, una ley de compras públicas que solamente se enfocaba en el proceso de gestión de las compras y donde el rector era la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP). Ahora tenemos una visión de cadena de lo que es el sumi­nistro público y el sistema nacional de compras públi­cas”, sostuvo.

De esta forma, la nueva ley parte desde la planificación, la programación de com­pras, prevé todo el proceso de adquisición de los bienes y servicios sobre el cual hay un registro y posteriormente se realiza una evaluación a los efectos de determinar si el proceso fue eficiente.