En sesión ordinaria de la Cámara de Diputa­dos se analizó el pro­yecto de ley que establece la pensión universal para las personas adultas mayo­res. El plan, que fue apro­bado en general por el pleno, postergando su estudio en particular por ocho días, ya cuenta con media sanción del Senado.

Desde el pleno coincidieron en la necesidad de avanzar con el proyecto para respon­der ante una urgencia por parte de los adultos mayores. Esto, teniendo en cuenta que la iniciativa brinda una res­puesta directa a la problemá­tica en torno al cobro de pen­siones de los pobladores de tercera edad.

De acuerdo a los datos brinda­dos por los legisladores, para la elaboración del proyecto, 200 mil personas aproxima­damente son las que no están cobrando su pensión. Con la iniciativa legislativa, se pre­tende incluir a aquellos adul­tos mayores, generando acce­sos más simples al programa.

De este modo, se estipula, por ejemplo, que toda persona adulta cobre de manera auto­mática a partir de los 65 años de edad, sin ningún censo, y solo con su declaración jurada. También se plantea el aumento de la pensión al 50 % del salario mínimo vigente, para mayores garantías.

De acuerdo a datos de la Comi­sión de Adultos Mayores y Seguimiento del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, del Senado, se desarrolló un total de 10 mesas de trabajo para avanzar con la materializa­ción del plan, entendiendo la necesidad imperante por parte del sector de la tercera edad.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, es una de las autoridades que acompa­ñan de cerca la materializa­ción del proyecto y adelantó que con la iniciativa se pre­tende incluir a 30 mil nuevos beneficiarios de manera anual, alcanzando de este modo la anhelada universalización.

Esto sería implementado de manera gradual, de acuerdo a la disponibilidad presu­puestaria. En cuanto a los adultos mayores de pueblos originarios, se establece también una garantía taxa­tiva al determinar que dicho sector accedería al programa social a partir de los 55 años.