La calificadora de riesgos Moody’s anunció que elevó la calificación crediticia de Paraguay de Ba1 a Baa3, otorgándole por primera vez en su historia el grado de inversión, informaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Paraguay se une a un selecto grupo de países de la región en tener el grado soberano, Chile, Colombia, México y Perú.
En un comunicado, indicaron que esta perspectiva estable se alcanza luego de 26 años cuando la calificadora asignara por primera vez una calificación a Paraguay y luego de 9 años de la última revisión al alza. “Este logro sin precedentes se sustenta en sólidos fundamentos económicos del país y su larga historia de estabilidad macroeconómica”, expresaron desde el MEF.
Afirman que es el resultado de más de 20 años de políticas públicas responsables, consistentes y predecibles. La gestión prudente de las políticas macroeconómicas pudieron obtener y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener una inflación baja y estable.
Paraguay pudo fortalecer su posición externa con adecuados niveles de reservas internacionales que actúan como amortiguador contra posibles choques externos y, los indicadores, reflejan un sistema financiero estable y solvente.
MOODY’S
En el comunicado de prensa de Moody’s, indican que esta suba en la calificación se basa en una combinación de factores observados a lo largo de los gobiernos, entre los que destacan: un crecimiento económico robusto, una mayor resiliencia y diversificación económica, y la implementación de una agenda de reformas que ha mejorado la fortaleza institucional y gobernanza.
Destacaron además que la estrategia de inversión pública en infraestructura, se ha implementado preservando la fortaleza fiscal con una diversificación de las fuentes de financiamiento. El desarrollo de la infraestructura contribuirá en mantener el flujo de inversión robusto en sectores no tradicional como la maquila, reforestación, energía limpia y renovable.
“Permitirá abrir una puerta inmensa hacia el desarrollo”
Desde París, Francia, el presidente de la República, Santiago Peña, celebró el anuncio de que Paraguay alcanzó el grado de inversión otorgado por la calificadora internacional Moody’s Ratings.
El mandatario calificó como “un día histórico”, ya que era muy anhelado, lo que permitirá abrir una puerta inmensa para dar el salto hacia el desarrollo y hacer realidad el resurgir de un gigante: el querido Paraguay.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado divulgó un video en el que resaltó que este es un logro que alcanza el país, fruto de décadas de esfuerzos y dedicación para transformar la economía y fortalecer las instituciones del país. Recordó que en los años 90 el Paraguay enfrentó grandes desafíos con crisis financieras, alta inflación y una economía debilitada, que dejó a casi la mitad de la población paraguaya en la pobreza.
PROCESO DE REFORMAS
“Ante esta realidad, comenzamos un proceso de reformas profundas y de construcción de pilares institucionales para el desarrollo. Desde el 2002, nos enfocamos en alcanzar la estabilidad macroeconómica, reformamos el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay, introduciendo políticas monetarias que estabilizaron la inflación y fortalecieron el sistema financiero”, explicó el mandatario economista.
Indicó además que entre el 2013 y el 2018 se implementó importantes reformas fiscales promoviendo la transparencia y modernización de las finanzas públicas del país. Citó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que permitió demostrar la madurez económica. Mientras que las leyes de inversión a través de asociaciones público-privadas, así como el financiamiento llave en mano, han permitido ampliar la capacidad de inversión en lo que hace a la infraestructura pública.
Asimismo, señaló que en los últimos meses se priorizó la creación de nuevas instituciones como la Superintendencia de Pensiones, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional Anticorrupción, la cual es un compromiso conjunto de todos los poderes del Estado para luchar contra la corrupción.