“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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El senador Colym Soroka se mostró sorprendido y no muy entusiasmado sobre la reaparición del expresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, ayer domingo en un programa televisivo. El legislador refirió que desconocía las intenciones de Abdo para su reaparición mediática.

“Es una decisión de él, yo no manejaba que él volvía al ruedo, realmente pensé que no iba a volver, pero él anunciaba ayer eso. Bien, por dentro lo que es el circuito democrático partidario también y vamos a ver qué nos depara el futuro con esa decisión”, expresó en conversación con la 1020 AM.

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Soroka afirmó que no conoce el trasfondo de la aparición de Abdo, ya que el expresidente estuvo alejado de todo su equipo por más de un año. “No conozco el trasfondo, hay que decir, no conozco el trasfondo de esto, hay que saber que nosotros al terminar las internas, los que perteneciéramos al movimiento en algún momento, terminadas las internas, perdimos contacto con él en lo político”, refirió.

Recordó que para el sector abdista fue bastante difícil sobrellevar la situación luego de las elecciones internas. “La noticia fue la reaparición de él, ahora nosotros no estamos en un momento eleccionario, nosotros al perder siendo oficialistas perdimos contacto con ese momento con nuestro presidente, fue una etapa dura, no fue tan fácil”, indicó.

Por otra parte, dijo no coincidir con algunas de las expresiones de Abdo durante la entrevista televisiva, uno de ellos sobre la embajada de los Estados Unidos en Paraguay, y afirmó que en su periodo de gobierno ya le había advertido sobre las “exigencias” del país norteamericano.

“Escuché algunas partes de su entrevista que no coincidimos, no coincido con el tema de la embajada (de EE. UU.), por fin nuestro canciller se decidió a decir algo por lo menos a tanta intromisión, y no lo digo ahora, cinco años siendo diputado le decía, ¿qué tanto nos dan para que tanto nos exijan?”, sentenció.

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El senador Colym Soroka rechazó que sus denuncias contra el gobernador de Itapúa, Javier Pereira, respondan a una persecución política y reiteró que bajo la gestión del dirigente liberal se cometieron supuestas irregularidades en la licitación para la provisión de alimentación escolar en el marco del programa Hambre cero.

“Escucho al gobernador en los medios de prensa en Itapúa muy dolido, habla de persecución política, pero este relato es muy tibio y poco creíble para esta época. Pereira no se encargó de tumbar mi relato, pero se dedicó a decir que le vengo persiguiendo hace años políticamente, pero jamás le perseguí a alguien. Le quiero dar el mensaje que se preocupe de hacer bien las cosas antes que tratar de buscar instalarse en la sociedad de mi departamento como perseguido”, sostuvo.

En la sesión ordinaria de la Cámara Alta el parlamentario lamentó que los concejales departamentales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) no ejerzan el rol de contralores con la finalidad intervenir y transparentar la gestión de Pereira.

“Me duele tanto el silencio de mis correligionarios, definitivamente el partido no está capacitado para ser oposición, estoy hablando de concejales departamentales mudos. Le reclamé a todos, a diputados, senadores. Si despertamos todos haremos el bien por Itapúa”, puntualizó Soroka.

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Las acusaciones impulsadas por el legislador se centran en sobrefacturaciones para la adquisición de los alimentos escolares que llegarían a USD 6 millones por año. Asimismo existiría un supuesto direccionamiento para la empresa Ladero S. A.

“Hace un llamado de G. 50.000 millones y se presenta un solo oferente. En Caazapá, por ejemplo, se hace el proceso licitatorio fijando el plato por niño a G. 10.300, mientras que en Itapúa cuesta casi G. 14.000; si esto sigue así y no se ataja habrá una diferencia de casi USD 6 millones por año”, sostuvo días atrás al programa “Tarde de perros” de Universo 970 AM/Nación Media.

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“Paraguay tuvo un sistema eleccionario bueno; ahora, el sistema eleccionario tam­bién trajo algunos inconve­nientes, pero un retroceso ya no”, indicó Soroka en conver­sación con medios de prensa en el Senado.

Aseguró que particularmente no estará acompañando esta iniciativa planteada por Villalba y aseguró que en las últimas elecciones no se pre­sentaron problemas o inconve­nientes con el uso de las máqui­nas electorales; por lo tanto, no existen motivos para cambiar nuevamente este sistema. “No tuvimos problemas. El con­teo se hace con las papeletas y se hace el escrutinio con las máquinas, tenés dos formas de contar los votos, decir que las papeletas es una seguridad, es mentira”, señaló el senador.

El senador Éver Villalba anun­ció que impulsará un pro­yecto de ley para eliminar las urnas electrónicas y volver a las papeletas. El dirigente del Partido Liberal Radical Autén­tico (PLRA) manifestó que el anterior mecanismo de sufra­gio es más seguro que el uso de las máquinas de votación apli­cadas en Paraguay desde los pasados comicios municipales.

Detalló que de sancionarse en el Congreso Nacional y tener la promulgación del Poder Eje­cutivo la misma regirá para la elección de los cargos uniper­sonales y de chapa, es decir, presidente de la República, vicepresidente, gobernador e intendente.