El exdiputado colorado Óscar Tuma cuestionó a través de sus redes sociales a aquellas organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que reciben fondos públicos o que prestan servicios de responsabilidad del Estado, que no están de acuerdo con el proyecto de “Ley de control de las oenegés”.
Sostuvo que es necesario asegurar la transparencia, prevenir el fraude y la corrupción, mejorar la eficiencia y eficacia, cumplir con las normativas legales y contribuir efectivamente a las políticas públicas.
“Estos controles no solo protegen los recursos públicos, sino que también fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sector no lucrativo. Si las OSFL no están de acuerdo con estos controles, deberían dejar de recibir fondos públicos y de cumplir funciones que son competencia del Estado. Así de simple”, publicó a través de su cuenta en X.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, indicó que le resulta muy extraño, ya que conoce a muchas de las personas que están haciendo en estos momentos “un fuerte cabildeo” en la Cámara de Diputados, para que esta propuesta legislativa que ya tiene media sanción del Senado, sea rechazada.
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Tuma sobre caso Gomes: “Es fundamental que esta investigación sea extremadamente trasparente”
El abogado y amigo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, Óscar Tuma, sostuvo que este hecho debe ser investigado con todo el rigor que amerita, teniendo en cuenta que se trata de una autoridad nacional, en este caso, un integrante del Poder Legislativo.
“Son situaciones que deben esclarecerse y es fundamental que esta investigación sea extremadamente trasparente, porque acá se acaba de asesinar a un diputado de la Nación, por efectivos de las fuerzas públicas”, sentenció.
El abogado afirmó que para una orden de allanamiento y detención de un diputado, primeramente el legislador debe ser desaforado. El abogado se refirió al caso de allanamiento en el domicilio del diputado, abatido por las fuerzas policiales en este procedimiento.
“Se puede allanar la casa de un diputado y de cualquier ciudadano, pero lo que no se puede hacer es ordenar la detención de un diputado, a no ser que haya sido una situación de flagrancia. Yo dudo, porque no creo que el juez haya sido tan torpe, de establecer en una orden de allanamiento la detención de un diputado de la Nación que goza de inmunidad”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Tuma relató que las informaciones que cuenta es de parte de los familiares del diputado, y que, por lo menos, hasta el momento de esta entrevista aún no contaba con las informaciones oficiales de cómo se dio este procedimiento.
“Según informaciones que yo tengo, a él le mataron en su cama. Todavía no tenemos un informe oficial, él falleció en su habitación, y él estaba en compañía de su esposa. Me comentaron familiares que él no tenía un arma, ni realizó disparos para que los que estaban realizando el allanamiento ejerzan el derecho a la defensa y disparar hacia el diputado”, contó el abogado.
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“Embajador Ostfield no manejó adecuadamente la comunicación de la decisión de su gobierno”
El abogado y exdiputado Oscar Tuma, brindó su parecer respecto al impasse diplomático actual con la embajada de los Estados Unidos. A su criterio, el embajador Marc Ostfield, no supo manejar adecuadamente la forma en que comunicó esa decisión.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el exparlamentario que en su momento integró la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, señaló que cualquier embajador transmite la posición de su país, por los canales adecuados. Respecto a los otros casos de personas o empresas sancionadas, la embajada norteamericana simplemente publicaba una nota en su portal y lo comunicaba a las autoridades pertinentes, sin necesidad de realizar una conferencia de prensa, ni montar un espectáculo mediático.
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“Sin embargo, consideró que el embajador americano no supo manejar la forma en que comunicó ciertas decisiones. No es la primera vez que en nuestro país se sanciona a personas; hay varios precedentes. En esos casos, la embajada se limitó a publicar una nota en su portal y a informar a las autoridades, sin necesidad de realizar una conferencia de prensa ni montar un espectáculo mediático”, explicó.
Respecto, al manejo de la situación, por parte de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, no mostraron una actuación firme en el gobierno anterior. “Sinceramente, creo que el Canciller de entonces mostró una debilidad considerable. No hay duda sobre la injerencia política que generó el embajador de los EE.UU., pero después de que Santiago Peña ganara las elecciones, el manejo de esta situación fue más firme”, señaló.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la autoridad encargada de manejar las relaciones diplomáticas y cualquier problema relacionado con embajadores extranjeros. “Cuando un embajador causa problemas con las autoridades locales debido a su comportamiento, el Ministerio debe actuar con prontitud para abordar la situación”, remarcó.
Respecto a la actuación protocolar en estos casos, señaló que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en primer lugar debe intentar resolver los problemas a través del diálogo diplomático.
“Esto puede incluir convocar al embajador para discutir las preocupaciones sobre su comportamiento y buscar una solución amistosa. Si esto no funciona, se puede emitir una comunicación diplomática formal para expresar la preocupación o queja respecto a las acciones del embajador. Como última medida, se podría declarar al embajador como “persona non grata”, lo que implicaría su expulsión del país”, indicó.
Finalmente, indicó que declarar a un embajador “persona no grata” es una medida grave. Sin embargo, cuando el comportamiento del embajador es inaceptable y no se puede resolver de otra manera, esta medida puede ser necesaria para proteger los intereses del país receptor.
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Congreso sigue sin analizar proyecto de indemnización a víctimas del Ycuá Bolaños
El abogado y exdiputado Óscar Tuma recordó que el Congreso Nacional sigue sin analizar un proyecto de ley para la distribución de las indemnizaciones a las víctimas y las familias de las víctimas fatales del incendio sin precedentes en el supermercado Ycuá Bolaños.
El proyecto de ley había sido presentado por Óscar Tuma cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta la fecha no se logró tratar y mucho menos aprobar esta iniciativa.
“Para buscar un punto final a esta situación, hemos presentado un proyecto de ley cuando fui diputado, o traté de impulsar, no lograba el acompañamiento, donde se establecía que ese dinero que es de las víctimas”, señaló el abogado en conversación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Tuma explicó que el seguro parte del dinero en concepto de indemnización para las víctimas, pero que hasta el momento no se ha logrado distribuir. “Ese dinero que se pagó por parte del seguro que se distribuya entre las víctimas sin esperar la sentencia y hacer una distribución de un porcentaje mayor para los familiares de los fallecidos, un porcentaje menor para las víctimas con lesión grave y un porcentaje menor para las víctimas con lesión”, indicó.
El abogado cree que este proyecto de ley es una salida para distribuir de manera equitativa la compensación, no solo a los familiares de las víctimas fatales, sino también para las víctimas sobrevivientes de esta tragedia.
“Es la única manera que de forma equitativa se pueda distribuir ese dinero y no seguir esperando 20 años más. Ese es el proyecto que yo creo que va dar una solución, porque cuando este dinero se depositó, que era 20 mil millones de guaraníes, que equivalía a 5 millones de dólares, hoy los 20 millones ya no valen los 5 millones de dólares”, señaló.
Instó a los actuales diputados que traten este proyecto de ley que se encuentra parado en la instancia legislativa. “A los diputados les recuerdo que existe un proyecto que soluciona la indemnización de las víctimas y que lleva años dormido, ojalá hoy alguien se haga cargo del mismo y no solo aprovechen este día para figuretear”, puntualizó.
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“Si las OSFL rechazan los controles no deberían recibir fondos públicos”, según Tuma
El exdiputado colorado Oscar Tuma cuestionó a través de sus redes sociales a aquellas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que reciben fondos públicos o que prestan servicios de responsabilidad del Estado, que no están de acuerdo con el proyecto de “Ley de control de las Oenegés”.
Sostuvo que es necesario asegurar la transparencia, prevenir el fraude y la corrupción, mejorar la eficiencia y eficacia, cumplir con las normativas legales y contribuir efectivamente a las políticas públicas.
“Estos controles no solo protegen los recursos públicos, sino que también fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sector no lucrativo. Si las OSFL no están de acuerdo con estos controles, deberían dejar de recibir fondos públicos y de cumplir funciones que son competencia del Estado. Así de simple”, publicó a través de su cuenta en X.
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En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, indicó que le resulta muy extraño, ya que conoce a muchas de las personas que están haciendo en estos momentos “un fuerte cabildeo” en la Cámara de Diputados, para que esta propuesta legislativa que ya tiene media sanción del Senado, sea rechazada.
“Me extraña mucho la actitud, porque son personas que siempre estuvieron a favor de los controles de la transparencia, ese siempre fue sus discurso. Entonces, yo creo que, y la lógica me dice, que cuando una institución, oenegé, fundación, club, sea quien sea, recibe fondos de todos los paraguayos, no puede enojarse por el control que va recibir”, expresó.
El doctor Tuma agregó que si una organización está recibiendo fondos de todos los paraguayos, es justo que se ejerzan los controles necesarios para saber que se están cumpliendo los fines a los que fueron transferidos, si están actuando con transparencia, ya que esa es la finalidad del control.
Mencionó además, que lo mismo sucede con aquellas organizaciones que reciben dinero del extranjero, pero que están cumpliendo función del Estado, también deben ser controladas. “Porque se está atribuyendo un ejercicio que es competencia del Estado y no de esa ONG. Entonces, es para los dos casos que se exigen controles, conforme a lo que exige la ley”, precisó.
El doctor Tuma indicó que aquellas organizaciones que no reciben dinero del Estado, y tampoco cumplen funciones o competencia del Estado, lógicamente no tiene por qué ser controladas. Para comprender bien, a qué se refieren los roles del Estado, señaló que son aquellas que trabajan en competencia de Educación, competencia de la Salud, que son roles del Estado, y que se les está permitiendo coadyuvar al Estado; pero eso no significa que no deban de ser controladas.
“Si una oenegé se opone a los controles, y de mí dependiera, automáticamente deberían quedar fuera del presupuesto. Mientras que una oenegé que recibe plata del extranjero y realiza roles que compete al Estado, también se les debería sacar esa función. Lo que no pueden ellos pretender es que no se ejerza controles sobre la gestión que tienen. Eso para mí es un absurdo y no entiendo las voces que se levantan contra este proyecto de ley”, concluyó.