La ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mencionó que de no concre­tarse la unidad entre el Ejecu­tivo, Legislativo y Judicial para hacer frente al narcotráfico se estará cediendo el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el bienestar de los ciudadanos.

“Acá tiene que haber una convergencia plena de todos los actores de los poderes del Estado, si se desestabi­liza el sistema penal todos estamos en riesgo”, sos­tuvo la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, quien instó a una mayor inversión para garantizar la seguridad de los operadores de Justicia ante las amenazas prove­nientes del narcotráfico.

El llamado de unidad surge con el fin de luchar contra el flagelo y garantizar a los fisca­les y jueces penales del Para­guay una protección integral para impartir justicia con inde­pendencia. “Debemos esta­blecer los objetivos concretos inmediatos y las estrategias, entre ellos, está invertir en la seguridad de los operadores. Lo que ellos (criminales) pre­tenden es suplantar el sistema, instalar de manera fáctica un estado paralelo o liberar todo el territorio para que puedan trabajar tranquilamente”, dijo.

“Esto debe ser concretado, más allá de los mecanismos tradicionales o cuestiones básicas que se manejan siem­pre, como la custodia perso­nal de la Policía, los vehícu­los blindados, las estrategias para utilizar determinados caminos, las recomendacio­nes para no exponerse. No se puede permitir que la orga­nización estatal, el sistema penal se arrodille ante estas amenazas, de lo contrario estaríamos directamente entregados”, sentenció.

Las afirmaciones de Llanes surgieron tras la amenaza realizada por el prófugo narco uruguayo Sebastián Marset a jueces y fiscales que tie­nen a su cargo el caso de su esposa Gianina García Tro­che, imputada por el Minis­terio Público por lavado de dinero en el marco del ope­rativo A Ultranza Py.