Un informe de consultoría realizado por la actual administración del Instituto de Previsión Social (IPS) desnuda un escandaloso hecho de corrupción que salpica al banco Atlas (Grupo Zuccolillo) y a las anteriores autoridades de la previsional. El contrato de fideicomiso suscrito por las dos instituciones, por valor de G. 828 mil millones, especifica la construcción de cuatro obras, sin embargo, las obras no están y la plata se esfumó. Es decir, calzaron el presupuesto de salud del IPS con dichos montos, hasta salarios se han pagado con esos recursos y ahora el banco de los Zuccolillo retiene cada mes del IPS G. 160 mil millones para saldar la deuda generada. El banco es corresponsable por permitir que el dinero se haya destinado a otro fin.

• Por Jorge Torres Romero

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades del IPS se encargaron de dila­pidar G. 828 mil millones (USD 110 millones) que, según el contrato de Fidei­comiso de Titulación, Admi­nistración y Pago IPS Fon­dos Salud, firmado entre la previsional y el banco Atlas (Grupo Zuccolillo), cuya última adenda se concretó el 26 de diciembre de 2018, esta plata se tenía que uti­lizar exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

De las 4 obras que figuran en el contrato, los primeros 3 no están ni en un 50 % y el último ni siquiera se hizo. Pero, sin embargo, los G. 828 mil millones ya se gastaron en su totalidad, el IPS debe pagar cada mes la deuda y el banco Atlas como garan­tía retiene cada mes de los Fondos de Salud G. 160 mil millones. Entre paréntesis, todo el presupuesto de Salud del IPS pasa por el banco de los Zuccolillo.

Todos los detalles de la ope­ración figuran en la Consul­toría sobre las Condiciones de Otorgamiento o Colo­cación de Bonos y sobre la Correcta Utilización de los Fondos del Fideicomiso, que ordenó realizar la actual administración del IPS.

Según los últimos reportes del IPS, las autoridades anterio­res usaron la plata para otros fines, incluso calzaron el pre­supuesto de Salud y hasta pagaron salarios, aspectos que no figuran en el contrato fiduciario.

En febrero de este año, desde la asesoría jurídica del IPS presentaron una denuncia al Ministerio Público refe­rente a esta operación. En su oportunidad, se mencionaron algunas de las falencias en el incumplimiento de cláusu­las del contrato, el descalce financiero y los desembolsos realizados con firmas que ni siquiera estaban autorizadas.

En su momento, se acerca­ron los resultados de audi­torías preliminares sobre el fideicomiso. Se abordan las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fon­dos del fideicomiso de admi­nistración y el pago de Fon­dos de Salud.

En agosto de 2017, el Consejo de Administración de la pre­visional resolvió autorizar la operación del Fideicomiso de Titularización, Adminis­tración y Pago IPS - Fondo de Enfermedad y Materni­dad con el banco Atlas. Tras obtener el visto bueno de la Superintendencia de Ban­cos, el IPS firmó el contrato en diciembre de 2017 con la entidad bancaria de los Zuc­colillo y la adenda final se hizo en diciembre de 2018.

El objetivo de esta operación era obtener una fuente de financiamiento alterna para realizar inversiones inmo­biliarias consistentes en la construcción o refacción de hospitales en inmuebles de propiedad del IPS, en bene­ficio del Fondo de Enferme­dad y Maternidad; además de aplicar los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pen­siones, en inversiones renta­bles, mediante la adquisición de los títulos del fideicomiso.

En el marco del acuerdo, el Instituto de Previsión Social se comprometió a depositar en el banco Atlas, el total de las recaudaciones diarias recibidas de los aportantes, en el porcentaje que corres­ponde al Fondo de Salud.

Mientras que el banco Atlas emitió cuatro títulos por G. 828.800 millones que fue­ron adquiridos por el Fondo de Jubilaciones del IPS. La primera fue en diciembre de 2017 por G. 324.500 millones, la segunda en diciembre de 2018 por 230.000 millones, la tercera en julio de 2021 por G. 140.000 millones y la cuarta en octubre de 2022 por G. 134.300 millones. Estos títu­los tienen una vigencia de 20 años cada uno.

Según datos proveídos por el Departamento de Inver­siones, a diciembre de 2023, del total de las emisiones de G. 828 mil millones de este fondo, fue recuperado alre­dedor del 17 %, equivalente a G. 141 mil millones.

Conforme al documento rea­lizado por la consultora con­tratada por el IPS, en relación con el fideicomiso se concluyó que, si bien la operación se realizó en el marco de la ley, convendría efectuar un aná­lisis más profundo respecto al riesgo de iliquidez que implica el cumplimiento de las cláusulas referentes a las transferencias diarias de las recaudaciones del Fondo de Salud al Fiduciario, y la res­tricción del uso de esta par­tida durante el plazo de devo­lución por parte del mismo.

Según el informe, se incum­plieron varias cláusulas contractuales, como, por ejemplo, el destino de las colocaciones conforme a los fines establecidos, al asignar el dinero a otras obras de la previsional no previstas en el contrato. En ese sentido, no se pudo evidenciar nin­guna documentación relacio­nada con la reprogramación o modificación del contrato, que respalde los fondos asig­nados a obras distintas a las presupuestadas. De acuerdo a lo manifestado por las res­ponsables de las áreas de Infraestructura y de Mante­nimiento del IPS, varias de estas obras no estarían con­cluidas; existiendo certifi­cados de obra pendientes de pago y contratistas que están reclamando al IPS el pago de sus acreencias, mientras los recursos del fideicomiso se hallan prácticamente agota­dos a esta fecha.

Además, en la conclusión se menciona que varios certifica­dos de obras fueron firmados por funcionarios no autoriza­dos del IPS. En documentos enviados al banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de Man­tenimiento, cuando debe­ría ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irre­gularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

Otro punto detectado fue la omisión de la obligación de la previsional de comunicar eventos que pusieran en peli­gro los flujos de fondos futu­ros. Esto ante la adverten­cia hecha por el banco sobre desviaciones considerables en los flujos de fondos recibi­dos, comparados con los flu­jos proyectados, en porcen­tajes del 18,7 % para el año 2021, y del 22,03 % para el año 2023.

Así también, se evidencia que, como consecuencia de la eje­cución de obras no previstas inicialmente en el contrato, se incurrió en un descalce financiero en la ejecución del fideicomiso.

Por estas irregularidades, la recomendación dada fue soli­citar un dictamen jurídico sobre las eventuales conse­cuencias legales respecto a los incumplimientos halla­dos y registrar las obras que se ejecuten en el marco de este contrato.

El fiscal Néstor Coronel indaga sobre las irregula­ridades detectadas en esta auditoría externa encomen­dada por el IPS, institución que realizó la denuncia ante el Ministerio Público por el aparente mal uso de los fon­dos públicos en el periodo 2020 y 2023.

De acuerdo con el intervi­niente, el IPS depositó el dinero en bancos para su administración y luego al recibir de vuelta parte del monto, destinó a otros con­ceptos fuera de los previs­tos en el contrato. Por esta situación, no descarta en la investigación la conducta de los bancos involucrados, al ser los administradores del dinero. Durante la pes­quisa se irá determinando los hechos cometidos e individualizando a los res­ponsables, de acuerdo con el agente.

La denuncia hecha por la previsional evidencia el des­pilfarro que se acostumbró a realizar con el dinero de los asegurados, mediante negocios muy beneficio­sos para los bancos, entre ellos Atlas, de los Zuccoli­llo, grupo empresarial que hizo una abierta campaña a través de su diario Abc Color en contra de la iniciativa, hoy ley, que crea la Superinten­dencia de Pensiones.