El Poder Ejecutivo anunció la promul­gación de la Ley n.° 7.300 que protege la integri­dad del sistema eléctrico, dis­pone la incautación y comiso de bienes asociados a dicho delito y modifica el artículo 173 de la Ley n.° 1160/1997 Código Penal.

Mediante estos cambios, las personas que sustrai­gan energía de líneas de transmisión o puertos de almacenaje para estableci­mientos de criptominería no autorizados por la Ande se exponen a hasta 10 años de cárcel más multa com­plementaria.

Asimismo, la normativa esta­blece que la Ande podrá soli­citar a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comi­sados (Senabico) la adminis­tración provisional de los bie­nes incautados y los recursos obtenidos por su venta anti­cipada también pasarán al patrimonio de la firma estatal.

“Esta nueva ley es una herra­mienta legal muy importante para poder erradicar este mal que se instaló en el Paraguay, principalmente las conexiones irregularidades para las activi­dades de criptominería. Desde el año 2020 se instalaron masi­vamente en el país esta actividad y la mayoría son de proceden­cia China, en donde por un lado están las instalaciones legales y las ilegales”, dijo el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa.

Asimismo, en una entre­vista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, acotó que “hemos realizado una campaña muy fuerte con­tra el robo de energía rea­lizadas por las criptomine­rías prueba de ello es que hemos realizado 78 denun­cias penales en el Ministe­rio Público con el apoyo de la Policía Nacional, el Poder Judicial y en algunos casos con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Nación”.

En los procedimientos contra las granjas ilegales se incau­taron más de 10.000 proce­sadores de datos y 52 trans­formadores de distribución, entre los principales bienes. En cuanto a personas proce­sadas, dos fueron condenadas y once se encuentran impu­tadas. “Es una lucha frontal. Lastimosamente, ninguna persona hoy en día está en la cárcel por esta irregularidad que tanto daño hace a la Ande, al Estado y la ciudadanía en general”, lamentó.

Por su parte, la vocera del Gobierno, Paula Carro, sostuvo que las medidas buscan tener un efecto disuasivo sobre aque­llas industrias que se instalan de forma ilegal, y no se busca criminalizar a la producción de criptomonedas como tal.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) expresó su con­formidad por la iniciativa sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, dado que distingue y endurece las penas para aquellos que causan un perjuicio a la institución. “La Ande jun­tamente con la Asesoría Jurídica hemos trabajado y consensuamos los términos de esta ley”, manifestó Nelson Medina, asesor jurídico de la Ande. La ley promulgada no hace distinciones entre funciona­rios de la institución o el ciudadano común que hayan sido partíci­pes del robo de energía, de modo que el castigo es dirigido a todos por igual y se exponen a las penas establecidas en la ley, según sea la gravedad y la cantidad de energía utilizada ilegalmente.