La Cámara de Senadores dio media sanción el pasado miércoles al proyecto de ley que establece el control, la rendición de cuentas y la transparencia de las organizaciones sin fines de lucro. La propuesta es impulsada por el oficialismo desde hace siete meses, pero todavía tiene trámite pendiente en Diputados.
El presidente Santiago Peña dijo este viernes que la intención de este proyecto nunca fue la limitación de estas entidades sin fines de lucro, sino el control, como un reclamo genuino hace la ciudadanía y los propios medios de comunicación. “Las oenegés son mecanismos que se utilizan también para lavado de dinero, entonces requieren una diligencia ampliada, las instituciones tienden a no abrir cuentas a las oenegés por la falta de transparencia en el origen de sus fondos”, contestó Peña, en una entrevista con la emisora 730 AM.
Según el proyecto, el universo de control incluye a los que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional y que se destinen a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades, entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y universidades públicas.
El control también abarca a los que de alguna manera tengan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y de universidades públicas.
REGISTRO DE OSFL
La legislación crea el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, al cual deberán inscribirse (dentro de los 90 días de vigencia de la ley) todas las organizaciones que operen como tal.
Ninguna institución pública u organismo del Estado podrá firmar ni ejecutar acuerdos con instituciones que no figuren en este registro. El registro tendrá los nombres, apellidos, documentos de identidad y domicilio de (…) los constituyentes, su objeto, domicilio, fuentes de financiamiento, sus órganos de dirección, administración y control, el régimen representación y uso de firma, así como cláusulas para su disolución y liquidación.
Ese es el aspecto del que hablaba el senador Gustavo Leite al decir que, con esta ley, se podría saber quiénes están detrás de las oenegés, cuánto dinero manejan, qué hacen con él, etc.
Al registro se agrega la exigencia de llevar balances de sus operaciones, actas de asamblea y de los órganos de dirección y administración.
Soledad Núñez y Bruno Defelippe, oenegeístas que tenían varios operadores políticos en oenegé que quiso interferir en elecciones generales en las que ellos eran candidatos
Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
Unidad de Investigación
Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
Seprelad recomienda avanzar con la ley que establece transparencia a los fondos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Entre otros hablan de vulnerabilidades y riegos de ser utilizadas para delitos financieros
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.
Óscar Tuma indicó que le extraña mucho la actitud de algunas personas que siempre estuvieron a favor de los controles de la transparencia, y ahora se manifiestan en rechazo a la ley de Control de ONG. Foto: Archivo.
“Si las OSFL rechazan los controles no deberían recibir fondos públicos”, según Tuma
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El exdiputado colorado Oscar Tuma cuestionó a través de sus redes sociales a aquellas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) que reciben fondos públicos o que prestan servicios de responsabilidad del Estado, que no están de acuerdo con el proyecto de “Ley de control de las Oenegés”.
Sostuvo que es necesario asegurar la transparencia, prevenir el fraude y la corrupción, mejorar la eficiencia y eficacia, cumplir con las normativas legales y contribuir efectivamente a las políticas públicas.
“Estos controles no solo protegen los recursos públicos, sino que también fortalecen la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el sector no lucrativo. Si las OSFL no están de acuerdo con estos controles, deberían dejar de recibir fondos públicos y de cumplir funciones que son competencia del Estado. Así de simple”, publicó a través de su cuenta en X.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, indicó que le resulta muy extraño, ya que conoce a muchas de las personas que están haciendo en estos momentos “un fuerte cabildeo” en la Cámara de Diputados, para que esta propuesta legislativa que ya tiene media sanción del Senado, sea rechazada.
“Me extraña mucho la actitud, porque son personas que siempre estuvieron a favor de los controles de la transparencia, ese siempre fue sus discurso. Entonces, yo creo que, y la lógica me dice, que cuando una institución, oenegé, fundación, club, sea quien sea, recibe fondos de todos los paraguayos, no puede enojarse por el control que va recibir”, expresó.
El doctor Tuma agregó que si una organización está recibiendo fondos de todos los paraguayos, es justo que se ejerzan los controles necesarios para saber que se están cumpliendo los fines a los que fueron transferidos, si están actuando con transparencia, ya que esa es la finalidad del control.
Mencionó además, que lo mismo sucede con aquellas organizaciones que reciben dinero del extranjero, pero que están cumpliendo función del Estado, también deben ser controladas. “Porque se está atribuyendo un ejercicio que es competencia del Estado y no de esa ONG. Entonces, es para los dos casos que se exigen controles, conforme a lo que exige la ley”, precisó.
El doctor Tuma indicó que aquellas organizaciones que no reciben dinero del Estado, y tampoco cumplen funciones o competencia del Estado, lógicamente no tiene por qué ser controladas. Para comprender bien, a qué se refieren los roles del Estado, señaló que son aquellas que trabajan en competencia de Educación, competencia de la Salud, que son roles del Estado, y que se les está permitiendo coadyuvar al Estado; pero eso no significa que no deban de ser controladas.
“Si una oenegé se opone a los controles, y de mí dependiera, automáticamente deberían quedar fuera del presupuesto. Mientras que una oenegé que recibe plata del extranjero y realiza roles que compete al Estado, también se les debería sacar esa función. Lo que no pueden ellos pretender es que no se ejerza controles sobre la gestión que tienen. Eso para mí es un absurdo y no entiendo las voces que se levantan contra este proyecto de ley”, concluyó.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, acudió ayer a la Cámara de Diputados, donde se reunió con la Comisión de Presupuesto. A la salida de este encuentro, habló con medios de prensa y afirmó que existen documentos que avalan la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) para hechos de corrupción.
“Nosotros tenemos un estudio que revela que las oenegés fueron utilizadas para casos de corrupción”, aseveró Alcaraz ante los medios de prensa y, de momento, no añadió mayores informaciones al respecto. Estas declaraciones de la ministra se dan en un contexto en que se estudia el proyecto de ley que pretende controlar a estas organizaciones en cuanto al dinero que administran.
La mencionada iniciativa fue presentada por varios senadores del Partido Colorado, y de acuerdo a la redacción del proyecto, tiene por objeto cubrir la laguna existente en nuestra legislación respecto a las oenegés, las que reciben fondos públicos y privados de origen nacional e internacional y que carecen del monitoreo estatal.
Si bien la presencia de Alcaraz en el Congreso fue para defender el pedido de aumento presupuestario para la entidad, atendiendo que en diciembre de este año desarrollarán en nuestro país las reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la misma fue consultada sobre su postura respecto al proyecto legislativo y su respuesta fue contundente.
Varios legisladores de la oposición se han pronunciado en contra de esta iniciativa, pese a que en el proyecto se aclara que la intención es establecer normas de transparencia, rendición de cuentas y supervisión a las organizaciones sin fines de lucro, las cuales deberán detallar sus actividades y operaciones y plasmarlas en documentos para el conocimiento de la ciudadanía, de acuerdo a lo que se menciona en la redacción de la iniciativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, mantuvo ayer un encuentro con representantes de diversas oenegés quienes solicitaron el plazo de 30 días para establecer una mesa de trabajo con la finalidad de consensuar un proyecto de ley que satisfaga todas las inquietudes de los diferentes sectores.
“Nosotros reiteramos nuestro compromiso con el diálogo abierto y con la búsqueda de generación de consensos. Cuando llegó este proyecto de ley a la Cámara de Diputados el primer compromiso que hicimos fue el de no apurar su tratamiento. Plantearon la posibilidad de que pueda haber como mínimo un mes para el debate de este proyecto, ya pasaron dos semanas, creo que es más que válido este planteamiento, lo voy a trasladar a la mesa directiva”, comentó Latorre a los medios de comunicación acreditados a la Cámara Baja.
La iniciativa que apunta al control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) ya cuenta con media sanción del Senado. Desde el sector sostienen que la preocupación en torno al proyecto de ley se centra en que se asimile el manejo de los fondos públicos con los provenientes del sector privado.