La política demostró que quienes están detrás de algunas de las OSFL son en realidad supuestos opositores. “Es grave lo que pasó ayer. No solo por la ley, sino por el hecho de que senadores amparados en sus fueros acusaron falsamente a ciudadanos, periodistas, políticos de oposición, entre otras personas. Y lo hicieron con total impunidad. Es un atentado a la libertad y a la democracia”, declaró Núñez. Con estas palabras, la excandidata subrayó la seriedad de las acusaciones lanzadas.
Núñez trató de instalar que el proyecto de ley, bajo el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas, supuestamente tiene un objetivo más siniestro. “Bajo el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que realmente buscan es silenciar voces críticas al poder de turno e interferir en asuntos totalmente privados, a través del agrandamiento de un Estado partidizado”, afirmó.
Con esto, Núñez terminó revelando que varias de las oenegés que levantan la voz contra el proyecto de transparencia y que están ligadas a su entorno en realidad son formas de encubrir actuaciones políticas. Esto ya había quedado en claro en la previa a las elecciones generales de 2023, pero ahora se volvió a evidenciar.
Núñez y su entorno se han dedicado a generar oenegés supuestamente para realizar incidencia; sin embargo, utilizan las mismas como partidos políticos camuflados y para recaudar millonarios fondos.
UNA RED MILLONARIA
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
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Peña confirma que Ejecutivo plantea cambios al proyecto de transparencia de Oenegés
El presidente Santiago Peña confirmó que como Poder Ejecutivo ya estuvo revisando el proyecto de Ley de Control, Transparencias y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONG), ya que también están preocupados con la media sanción con la que fue aprobada por Senadores. El mandatario agregó entonces que ya están trabajando en las modificaciones con la Cámara de Diputados. Anunció que una vez sancionado el proyecto, y cuando pase al Ejecutivo, y si encuentran que contiene algún aspecto que no sea de su agrado rechazará la propuesta.
El planteamiento surgió en medio de la charla que mantuvo hoy jueves con empresarios durante su participación en la 21° Edición de la Expo Negocios 2024, que se desarrolla en el Paseo La Galería. En la oportunidad, la empresaria Marité Rasmussen solicitó al jefe de Estado que la propuesta legislativa asegure la transparencia para todas las organizaciones de la sociedad civil y no tenga la ambigüedad que tiene ahora, que es una copia de legislaciones de otros países.
A esto, el jefe de Estado reconoció que como titular del Ejecutivo ya está revisando las legislaciones internacionales haciendo comparación con la legislación vigente.
“Les puedo asegurar que nosotros, preservando el criterio de transparencia y creemos que este es un sector demasiado importante, porque la sociedad civil encuentra dentro de estas organizaciones la forma de involucrarse y de preocuparse en materia de políticas públicas, así que es más que bienvenido. Claramente el proyecto en la versión del Senado tiene errores muy grandes y nosotros estamos pidiendo finalmente las modificaciones”, expresó.
No obstante, el presidente Peña remarcó que tiene la responsabilidad final de que cualquier proyecto de ley que salga del Poder Legislativo, si no está de acuerdo con su contenido, aseguró que no tendrá ningún problema de no firmar la promulgación, ya que lo puede vetar de forma parcial o total.
“Estamos trabajando y planteando estos cambios significativos, pero manteniendo el concepto de transparencia, que es muy importante. Los que están en las Oenegés, saben que para abrir una cuenta en un banco para ellos es sumamente difícil, ya que son instituciones de alto riesgo, porque también son instituciones que se usan para manejos pocos transparentes. Entonces, lo que queremos es preservar la transparencia pero que también sigan funcionando aquellas que cumplen con un rol fundamental y cualquiera que cumpla la ley lo pueda hacer”, indicó.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Oenegés se resisten en informar a la Comisión Antilavado sobre uso del dinero público
El senador Dionisio Amarilla afirmó que algunas oenegés se resisten a informar sobre la utilización que le dieron al dinero público. El legislador preside la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos; que este jueves se reunió de forma reservada con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNT).
Entre los principales puntos discutidos en la primera sesión fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las organizaciones sin fines de lucro. “Hay renuencia de parte de las que recibieron fondos, llama la atención. No argumentan nada, solamente envían informes de manera parcial, sin sumatorias”, comentó Amarilla a los medios de comunicación. Consultado sobre los nombres de las oenegés que se resisten a informar, el parlamentario citó a Juntos por la Educación y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
El senador manifestó que los documentos remitidos por las instituciones convocadas durante la primera sesión serán sometidos a análisis por parte de los miembros de la comisión bicameral, para posteriormente cerrar el capítulo de oenegés y elaborar una conclusión sobre la relación que se señala entre estas organizaciones y el flagelo del lavado de dinero.
“Hoy recibimos las documentaciones, a partir de ahí vamos a circularizar entre los miembros y a desglosar, porque son volúmenes importantes de causas abiertas en la Fiscalía sobre lavado de dinero, uso de fondos de parte de algunas oenegés que, por cierto, algunas son renuentes a informar”, remarcó.
Las afirmaciones de Amarilla surgieron con anterioridad al segundo encuentro reservado previsto para este jueves, en que fueron convocados Emiliano Rolón y Óscar Orué, además de la titular de la Dirección General de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez Alcaraz, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
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Seprelad sugiere avanzar con ley de transparencia de las oenegés
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad) remitió una nota al Senado en la que fundamenta la necesidad de avanzar con la aprobación del proyecto de ley que busca establecer mecanismos de transparencia a las organizaciones sin fines de lucro que actúan o trabajan influyendo en políticas públicas o través de alianzas con instituciones estatales. El ente recalcó el riesgo de que las oenegés sean utilizadas para hechos de corrupción, delitos financieros, financiamiento político, etc.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Lavado de dinero, hechos de corrupción y otros delitos financieros. Estos apenas son algunos de los puntos por los que la Seprelad considera necesaria la aprobación del proyecto de ley que busca transparentar los fondos que reciben oenegés que operan en Paraguay.
Según el documento firmado por Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, esta normativa es crucial para prevenir que dichas organizaciones sean utilizadas para fines ilícitos, como el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.
En la nota dirigida al senador Derlis Maidana, Seprelad resalta el riesgo potencial que representan las oenegés en Paraguay si no se implementan regulaciones adecuadas. La institución advierte que estas entidades, al no estar debidamente controladas, podrían ser vulnerables a ser utilizadas como vehículos para el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, especialmente aquellas que operan en áreas sensibles como la caridad, la asistencia social, la educación, y el desarrollo económico y religioso.
De hecho, sobradas evidencias muestran que algunas oenegés financiadas desde el exterior se convirtieron en guaridas de políticos que se dedican a una real campaña de persecución contra sus adversarios, con lo que se puede deducir que se volvieron un elemento de financiamiento encubierto de ciertos sectores políticos.
La Seprelad sostiene que una regulación prudencial del sector es imperativa, basándose en una Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR) realizada en 2019. Esta evaluación concluyó que las oenegés que operan en Paraguay, especialmente en sectores como la asistencia social y la educación, presentan un mayor factor de vulnerabilidad. La razón principal es que muchas de estas organizaciones no están bancarizadas ni cuentan con políticas de transparencia adecuadas. Además, podrían estar vinculadas con socios o redes en jurisdicciones que han sido blanco de ataques terroristas o que tienen altos niveles de riesgo.
El informe de 2019 también señaló la ausencia de políticas de debida diligencia para identificar a los donantes y beneficiarios de las oenegés, así como la falta de procedimientos de control interno y registro de donaciones y fondos utilizados. Estos vacíos, según Seprelad, facilitan el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas o el lavado de activos ligados al financiamiento político, tráfico de armas vía bancos y financieras, que pasan a constituirse en ejes de investigación de la Comisión Bicameral recientemente conformada en el Congreso.
VARIOS SECTORES EXPUESTOS AL RIESGO
El informe de la ENR también destacó que, aunque hasta la fecha no se han identificado casos concretos de oenegés utilizadas por entidades terroristas en Paraguay, las organizaciones que se dedican a la caridad, la educación y los servicios sociales siguen siendo las más expuestas a estos riesgos. Esta vulnerabilidad fue reiterada en la Evaluación Sectorial de Riesgos de 2019, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado.
Con base en estos análisis, la Seprelad considera fundamental la adopción de una ley que regule de manera prudencial el sector de las oenegés en Paraguay. Esta legislación no solo mitigaría los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también alinearía al país con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante una evaluación realizada por el GAFILAT, la observancia de estos estándares por parte de Paraguay fue calificada de forma regular, destacándose la ausencia de una normativa adecuada para el sector de las oenegés.
En conclusión, la Seprelad insta al Senado a considerar seriamente la aprobación de este proyecto de ley. La falta de una regulación adecuada pone en riesgo no solo la transparencia y la legalidad de las oenegés que operan en Paraguay, sino también la seguridad financiera del país en general.
USADAS PARA ESCONDER A POLÍTICOS
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Días atrás, Nación Media reveló la manera en la que algunas oenegés recibieron fondos extranjeros y nacionales que terminaron en manos de supuestos representantes de la sociedad civil, pero que en realidad hacían política proselitista.
Un convenio firmado el 10 de setiembre de 2020 (tiempos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de representantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien definido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la administración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones.